* Actores nacionales e internacionales alertan sobre irregularidades en contratos y suministro ilícito de combustible, vinculando al grupo “La Barredora” y a constructora Azvi
Organizaciones civiles y autoridades internacionales han expuesto presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para el Tren Maya, vinculando tanto a empresas españolas implicadas en el “Caso Koldo” como al grupo criminal “La Barredora”, que habría intentado suministrar combustible robado a la obra.
Según investigaciones de Animal Político y otros medios, filiales del Grupo Azvi firmaron ocho contratos entre 2019 y 2023 relacionados con el Tren Maya, Trolebús elevado de Iztapalapa y el Tren Interoceánico, por un monto cercano a 58 mil 390 millones de pesos. Se estima que estos proyectos dispararon en 262 por ciento sus ingresos en México, en contraste con solo 16 mil millones generados entre 2011 y 2019.
Por otro lado, según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad respaldado en inteligencia militar filtrada, el grupo criminal “La Barredora”, liderado por Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, planeaba suministrar 180 mil litros semanales de diésel robado al Tren Maya y arrendar nueve hectáreas en Quintana Roo vinculadas a esa obra . Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco y es buscado por Interpol desde febrero de 2025 por presuntos nexos con el crimen organizado.
Además, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron sobrecostos y pagos por servicios no realizados en el Tramo 3 del Tren Maya. adjudicado al consorcio Azvi–Grupo Indi, cuyo costo original de 10 mil millones de pesos ascendió a más de 23 mil millones en 2023. Se reportaron irregularidades como pagos por salvamentos arqueológicos inexistentes y obras no ejecutadas.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción está realizando una revisión integral de todos los contratos del Tren Maya y expresó que, hasta ahora, no se han hallado pruebas comprobadas que vinculen directamente a las empresas españolas con casos de soborno. Indicó además que en caso de encontrar anomalías se actuará conforme a normativa legal.
