* Los fondos estaban destinados a cubrir pagos extraordinarios para juzgadores que dejarán el cargo tras la reforma judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera (Nafin) transfirió más de 10 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación sin su consentimiento. Los recursos, señaló el CJF, formaban parte de fideicomisos que había encomendado a esa institución financiera para su administración, y su retiro se realizó sin consulta previa ni instrucción formal.
La suma transferida asciende a 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, y estaba destinada a cubrir pagos extraordinarios para juzgadores que se retiren del cargo o no resulten electos en la próxima elección judicial del 1 de junio. Este pago está previsto en los artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial y en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A través de un comunicado, el CJF anunció que ya analiza las acciones legales correspondientes para impugnar la transferencia, al considerar que se violentaron las cláusulas establecidas en los contratos de fideicomiso. Además, indicó que dicha medida compromete el cumplimiento de obligaciones establecidas por la reforma judicial.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) exigió al CJF el pago inmediato de las indemnizaciones a juzgadores que se separaron voluntariamente del cargo o por jubilación, como resultado de la reforma. La organización acusó que estos pagos debieron haberse cubierto a más tardar en diciembre de 2024.
Juana Fuentes Velázquez, directora de la Jufed, afirmó que la omisión representa una violación a los derechos de las personas juzgadoras y recordó que se trata de una obligación constitucional que no puede estar sujeta a la disponibilidad presupuestal. La asociación pidió al CJF que, en caso de no poder cumplir con los pagos, exponga públicamente los motivos legales y administrativos que lo impiden.
Las directivas nacional y regional de la Jufed advirtieron que, de no cumplirse con lo establecido en la reforma, emprenderán acciones para la defensa legal de los derechos de sus agremiados. Mientras tanto, el CJF continúa con el análisis jurídico del caso y no ha emitido una postura definitiva sobre el destino de los recursos transferidos.
