* Se contempla la posibilidad de sesiones extraordinarias para cumplir con los plazos.
El Congreso de la Unión comenzará un periodo de sesiones cargado de retos en febrero, con la necesidad de aprobar al menos 50 leyes reglamentarias derivadas de 13 reformas constitucionales ya vigentes. Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que será necesario legislar a contrarreloj, pues el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de abril. Entre las opciones está convocar a sesiones extraordinarias para desahogar los pendientes.
Las reformas, aprobadas entre septiembre y diciembre de 2024, abarcan temas como acceso a la información, derechos indígenas y afromexicanos, transporte ferroviario, protección animal y competencia económica. La desaparición de organismos autónomos como el INAI y la Cofece dejó vacíos que deberán ser llenados con la creación de nuevas dependencias. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda asumirá las funciones de la Cofece, esenciales para cumplir con tratados internacionales como el T-MEC.
En el ámbito de derechos indígenas y afromexicanos, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos trabaja en equipo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para homologar 55 leyes secundarias y emitir una Ley General. Naty Poob Jiménez, presidenta de la comisión, destacó que se realizarán consultas regionales con las comunidades para garantizar consensos antes de la aprobación del marco normativo en abril.
Otro de los temas prioritarios será la reforma ferroviaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reactivar el transporte de pasajeros. Para ello, el Congreso deberá emitir una ley reglamentaria que establezca las condiciones de operación del sistema ferroviario. Adicionalmente, la reforma de protección animal plantea debates intensos, particularmente en torno a los espectáculos taurinos, cuya transformación ya ha generado posiciones encontradas.
Analistas advierten que el Congreso enfrentará no solo una carga de trabajo extraordinaria, sino también la presión de garantizar que los cambios legislativos respeten los derechos ciudadanos y mantengan estándares de transparencia. Entre las leyes más polémicas está la regulación de la prisión preventiva oficiosa y la transferencia de funciones de la Guardia Nacional.
