Héctor Estrada
Lo que se había advertido desde hace algunos días terminó por consumarse este jueves en el Congreso de Chiapas de la manera más cínica posible. La imposición, orquestada desde Palacio de Gobierno, para colocar a Juan José Zepeda Bermúdez al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no alcanzó siquiera el estatus de simulación en medio de un procedimiento arbitrario por todos lados.
Bastaron menos de 48 horas desde el cierre de la convocatoria (el pasado 13 de marzo) para que la ilegal designación se concertara. En menos de 24 horas la comisión legislativa de Derechos Humanos había descartado a cinco de los ocho aspirantes postulados para presidir la CEDH. No hubo siquiera explicación clara de las razones por la cuales habían sido eliminados del proceso.
La lista se había cerrado a una terna conformada por Delia Estrada Sánchez, Diego Cadenas Gordillo y Juan José Zepeda Bermúdez. Y los temores sobre advertencias inevitables se fortalecieron aún más. El nombre de Zepeda Bermúdez había circulado desde una semana antes como el presunto elegido de Manuel Velasco para ser impuesto en la Comisión de Derechos Humanos.
Y así fue. Juan José Zepeda preparaba desde las primeras semanas del mes su llegada a la CEDH. Había comenzado a tener reuniones privadas con algunos oscuros personajes de la política y figuras ligadas a la defensa de los Derechos Humanos para informar lo que sucedería y preparar el camino. “El gobernador ya dio la instrucción y voy a ser el nuevo presidente de la Comisión. Lo demás es mero trámite”, fue su frase recurrente de los últimos días.
Pero su principal promotor (Juan Carlos Gómez Aranda), Manuel Velasco y quienes orquestaron su imposición no previeron lo que venía. La postulación de importantes figuras de la defensa de los Derechos Humanos complicaron las cosas. Muchas miradas voltearon hacia el proceso que ya estaba amañado de origen. La presión social comenzó a encrudecerse y no quedó de otra que acelerar la elección.
Por eso la premura para realizar una toma de protesta exprés. En el mayor de los descaros, los legisladores presentaron una urna con los supuestos votos adentro, pero al acto sólo había sido invitado Zepeda Bermúdez. A los otros dos finalistas de la terna ni siquiera se les notificó del día y la hora de la elección. Juan José Zepeda, pálido por la irregularidad que sabía estaba encabezando, llegó con todo y equipo de medios desde antes de las votaciones.
Tampoco hubo explicación de las razones por las que decidieron elegir Zepeda. Y es que, honestamente no habían argumentos razonables para tal decisión. Habían elegido a un funcionario público y empresario que nada tiene que ver con los Derechos Humanos, pues su único mérito –para no variar- es ser amigo cercano del gobernador en turno. Lo eligieron por encima de un reconocido defensor de Derechos Humanos y una destacada académica especializada en el rubro. El acto se convirtió en una descarada grosería para la legalidad y la ciudadanía misma.
Pero los días de Zepeda Bermúdez podrían estar contados. La misma arbitrariedad con la que fue impuesto amenaza su permanencia en el cargo. Su postulación incumplió varios de los lineamientos establecidos por la ley. Carece de experiencia y credenciales legítimas en el rubro de Derechos Humanos, fue emanado de un proceso viciado donde no hubo equidad y los métodos de designación violaron el Tratado de París, pero es justo en los tiempos de distancia con el último cargo público donde podría estar la estocada a su endeble designación ilegal. Habrá que estar atentos… así las cosas.
