* Mientras Zaldívar niega haber actuado según los deseos de AMLO, el presidente admite intervenir en asuntos judiciales. El Colegio de Abogados, señala posibles consecuencias penales.
Las declaraciones de Arturo Zaldívar y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la supuesta injerencia en el Poder Judicial generan un conflicto de versiones que despierta polémica jurídica. Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechaza haber actuado según los deseos de AMLO y sostiene la cero tolerancia a la corrupción en su administración. Asegura que la controversia es más un tema de lenguaje, mientras critica a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. por falta de autoridad moral.
En contraste, Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, advierte posibles consecuencias penales por las afirmaciones de AMLO sobre intervenir en asuntos judiciales a través de Zaldívar. Olea señala un inobjetable tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia, destacando la necesidad de denuncias formales para investigaciones penales. Esta postura subraya la gravedad de las declaraciones presidenciales y plantea la posibilidad de implicaciones legales.
La contradicción entre AMLO y Zaldívar agrega un capítulo al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en México. AMLO sostiene que Zaldívar, durante su presidencia en la SCJN, permitía el diálogo y daba indicaciones en asuntos delicados. Zaldívar, en cambio, defiende la independencia judicial y niega haber hablado con jueces para influir en sus decisiones. Este conflicto de versiones profundiza las tensiones entre el Gobierno y el sistema judicial, suscitando preguntas sobre la relación entre ambos poderes en México.
La repercusión del conflicto entre Arturo Zaldívar y AMLO se expande a la sociedad mexicana, generando debates sobre la independencia del Poder Judicial y la transparencia en la toma de decisiones. Grupos de abogados, académicos y ciudadanos expresan preocupación por la aparente influencia política en el ámbito judicial, exigiendo claridad y acciones para preservar la integridad del sistema legal.