* La destrucción de puentes ha dejado a comunidades aisladas y expuestas a violencia, mientras que en la Selva Lacandona, familias mayas enfrentan despojo.
Daniela Alfaro
Varias comunidades de la región fronteriza del estado han quedado incomunicadas tras la destrucción de un puente colgante en el municipio de Amatenango de la Frontera. Un grupo armado derribó la estructura, afectando a más de 400 personas de las comunidades de La Pureza y La Playa, que dependían del puente para trasladarse a la cabecera municipal y transportar sus productos agrícolas. Este es el segundo incidente similar en menos de un mes.
El primer derribo ocurrió el pasado 23 de agosto en el municipio de Chicomuselo, donde otra comunidad quedó sin acceso debido a la destrucción de otro puente colgante. Habitantes de la región han denunciado que estos ataques forman parte de un conflicto territorial entre grupos criminales que buscan controlar la zona. Los puentes destruidos eran las únicas vías de comunicación.
Los afectados han solicitado la intervención urgente de las autoridades para restablecer el acceso y frenar la violencia que ha dejado a las comunidades sin recursos básicos. A pesar de las peticiones, no ha habido respuesta de las autoridades locales, estatales o federales, y aseguraron que esto ya ha generado una crisis de abastecimiento y aislamiento en la región.
Además de la destrucción de puentes, los habitantes han reportado cortes de servicios esenciales como la energía eléctrica y el agua potable en las zonas rurales del estado. Estos actos han incrementado la vulnerabilidad de las comunidades, que se encuentran atrapadas en medio de los ataques armados.
En la Selva Lacandona, habitantes de la comunidad Lacanjá Chansayab, en el municipio de Ocosingo, han denunciado que grupos armados han comenzado a controlar la región, lo que ha llevado al desplazamiento forzado de familias locales. Cuatro familias mayas han denunciado la pérdida de sus tierras y la falta de respuesta por parte de las autoridades, exigiendo una indemnización por el despojo que han sufrido.
Los desplazados advierten que las operaciones criminales en la Selva Lacandona continúan sin interrupciones, afectando la vida diaria de los habitantes y forzándolos a colaborar con los grupos armados. Las comunidades afectadas temen que la violencia siga escalando si no se toman medidas inmediatas para proteger a los pobladores y garantizar su seguridad.
