* Durante una peregrinación, el Pueblo Creyente alertó sobre la inseguridad, la falta de servicios básicos y la contaminación que afecta a sus territorios
Redacción / Alfaro Noticias
Integrantes de las seis zonas pastorales Ch’ol de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas realizaron una peregrinación por la paz en distintos municipios de la región, donde denunciaron la inseguridad y los problemas ambientales que, afirmaron, ponen en riesgo la vida de sus comunidades.
El Pueblo Creyente señaló que la situación de violencia que atraviesa el estado se suma al abandono gubernamental en servicios básicos, lo que ha derivado en la proliferación de basureros a cielo abierto, la contaminación de ríos y manantiales, así como el uso indiscriminado de químicos en la agricultura. A esto agregaron la venta clandestina de alcohol, que consideraron un problema creciente frente a la falta de atención médica, medicamentos y servicios de salud adecuados.
Las comunidades también denunciaron las agresiones que han sufrido defensores de derechos humanos y organizaciones solidarias. Como ejemplo, condenaron el allanamiento a la vivienda de Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ocurrido el 22 de julio, al que calificaron como un acto intimidatorio en un contexto de violencia que se ha intensificado en el estado.
En su pronunciamiento, destacaron que estas condiciones han generado un ambiente de vulnerabilidad para las comunidades indígenas, donde la paz resulta inalcanzable mientras persistan la pobreza, la exclusión y la degradación del entorno natural.
Los participantes también recordaron que la paz no puede entenderse únicamente como ausencia de violencia, sino como la garantía de derechos fundamentales, acceso a la salud, a una alimentación adecuada y a un medio ambiente sano. Por ello, insistieron en que la justicia social y el respeto a la Madre Tierra son indispensables para hablar de paz real en la entidad.
La jornada concluyó con un llamado a las autoridades locales y estatales para atender las necesidades más urgentes de la población y garantizar condiciones de vida dignas. Las comunidades reiteraron su compromiso de seguir caminando unidas en la defensa de la justicia y de su territorio.
