* Solicitan que la Procuraduría Agraria agilice un recurso legal contra ejidos chiapanecos y anuncian medidas para delimitar el territorio conforme a un fallo de la SCJN.
Redacción / Alfaro Noticias
Comuneros de Santa María Chimalapa, municipio en Oaxaca, solicitaron a la Procuraduría Agraria Nacional atender con prontitud el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec, emitida a finales de 2024, la cual no favoreció su demanda para anular los ejidos chiapanecos de Rafael Cal y Mayor y Canaán. Durante una asamblea realizada el domingo, expresaron su inconformidad con el proceso y plantearon nuevas acciones para la delimitación territorial.
El TUA resolvió que los ejidos chiapanecos cuentan con resoluciones presidenciales que avalan su existencia, por lo que ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) otorgar una compensación a la comunidad de Santa María Chimalapa. Sin embargo, los comuneros argumentan que estos ejidos se encuentran dentro de las tierras comunales zoques, reconocidas por una resolución presidencial de 1967.
Durante la reunión, integrantes de la comunidad cuestionaron la falta de avances en la implementación del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual estableció la delimitación territorial entre Chiapas y Oaxaca desde Barra de Tonalá hasta el Cerro de los Martínez. En el encuentro estuvo presente el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, a quien solicitaron información sobre las acciones emprendidas para aplicar la resolución.
Ante la falta de respuesta, los comuneros acordaron iniciar, en un plazo de tres semanas, los preparativos para abrir una brecha que marque físicamente los límites territoriales conforme al fallo de la SCJN. Argumentaron que esta medida busca garantizar la aplicación de la resolución judicial, en espera de una intervención oficial que solucione el conflicto.
El litigio agrario entre Santa María Chimalapa y los ejidos chiapanecos tiene antecedentes que se remontan a varias décadas, con disputas por la propiedad de la tierra y la delimitación de los territorios comunales. Aunque existen resoluciones judiciales al respecto, la implementación de estas ha sido un punto de tensión entre las comunidades involucradas.
La Procuraduría Agraria no ha informado sobre un posible plazo para la revisión del recurso presentado por los comuneros. Mientras tanto, la comunidad continúa en espera de una respuesta institucional que permita resolver el conflicto y evitar mayores tensiones en la zona.
