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Colectivas exigen justicia para Lizette: Denuncian tortura y fabricación de delitos por parte de la Fiscalía Indígena

Colectivas exigen justicia para Lizette: Denuncian tortura y fabricación de delitos por parte de la Fiscalía Indígena
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* Según las organizaciones, fue detenida el 13 de enero de 2022 sin orden de aprehensión y enfrenta acusaciones pese a pruebas de su inocencia.

Daniela Alfaro

El 13 de enero de 2022, Lizette, una mujer indígena de Yajalón, fue arrestada sin una orden de aprehensión, según informan las colectivas Cereza, Madres en Resistencia y Vivas Nos Queremos. Durante su detención, la policía municipal y ministerial la sometieron a condiciones que las organizaciones consideran como tortura, llevándola a enfrentar cargos de homicidio agravado.

Las colectivas han denunciado que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Indígena han mantenido las acusaciones contra Lizette a pesar de las irregularidades en el caso. Entre las pruebas de su inocencia se encuentran la falta de una necropsia válida y la presentación de testigos que, según las colectivas, son falsos.

Lizette está acusada de homicidio en relación con el fallecimiento de su hija recién nacida, quien llegó al mundo sin vida. Las organizaciones critican que el caso se basa en pruebas cuestionables y denuncian que el proceso ha sido manejado de manera inapropiada, con una investigación que no ha tomado en cuenta todas las pruebas disponibles.

Las colectivas han solicitado una investigación sobre las alegaciones de detención arbitraria y tortura, y han pedido que se sancione al personal implicado. También exigen la liberación inmediata de Lizette y el desestimiento de los cargos en su contra.

El gobierno del estado ha sido señalado por las colectivas por permitir presuntas violaciones a los derechos humanos en casos similares. Además, critican la falta de atención y recursos médicos para mujeres indígenas durante el embarazo, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad y contribuye a la injusticia. Las colectivas también han solicitado sanciones para los responsables dentro del Ministerio Público y la Policía Municipal, así como una revisión completa del proceso judicial para garantizar los derechos de Lizette.

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