* A casi tres años del ataque, sobrevivientes y colectivas feministas exigen medidas cautelares, un juicio con perspectiva de género y protección efectiva ante amenazas
Redacción / Alfaro Noticias
Integrantes de la Asamblea Somos Fuego Feminista y sobrevivientes del ataque armado ocurrido en la Montaña de Don Lauro denunciaron presuntas omisiones, dilaciones y prácticas de revictimización por parte de autoridades, a casi tres años del intento de feminicidio registrado en febrero de 2023 al sur de esta ciudad.
En conferencia de prensa, las víctimas y representantes de la colectiva informaron sobre el estado actual del proceso penal, previo a la audiencia de juicio oral, y señalaron que, pese a la gravedad de los hechos, el caso ha enfrentado retrasos reiterados, cancelación de audiencias y falta de medidas cautelares que garanticen su seguridad y la de sus familias.
De acuerdo con el testimonio presentado, el 25 de febrero de 2023 tres mujeres fueron atacadas con armas de fuego por dos hombres cuando descendían de la zona turística conocida como Montaña de Don Lauro. Durante la agresión se registraron disparos, un intento de violación y un intento de homicidio. Las víctimas sobrevivieron y fueron auxiliadas por otros turistas, luego de que una llamada al 911 no derivara en atención policial inmediata bajo el argumento de que el área se rige por usos y costumbres.
Posteriormente, las mujeres acudieron a presentar la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde, según denunciaron, no se aplicaron protocolos con perspectiva de género y se incurrió en prácticas que consideran violencia institucional, como comentarios revictimizantes, cobros indebidos y falta de atención adecuada, incluso para una de las víctimas de nacionalidad extranjera.
Los presuntos agresores fueron detenidos el 7 de marzo de 2023 por un delito distinto y más tarde identificados por las sobrevivientes. Actualmente permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5. No obstante, las denunciantes señalaron que, desde entonces, han recibido amenazas e intimidaciones por parte de familiares de los acusados, sin que existan medidas de protección efectivas.
Las sobrevivientes también informaron que presentaron quejas ante el Órgano Interno de Control y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero afirmaron que ambos procesos no derivaron en sanciones ni en el reconocimiento de violaciones a derechos humanos, lo que, aseguran, ha profundizado su desgaste emocional, psicológico y económico.
La colectiva exigió a las autoridades estatales un proceso judicial sin dilaciones, con perspectiva de género y debida diligencia, que permita esclarecer los hechos y emitir una sentencia conforme a la gravedad del caso, además de garantizar reparación integral del daño, protección efectiva y garantías de no repetición.
Finalmente, Somos Fuego Feminista sostuvo que este caso refleja un patrón más amplio de obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en Chiapas, por lo que reiteraron su llamado a las instituciones para garantizar la vida, seguridad y derechos humanos de las víctimas.
