* La colectiva advirtió que la circulación de imágenes y videos de la menor vulnera su intimidad
Redacción / Alfaro Noticias
La actuación del Poder Judicial del Estado de Chiapas en un caso que involucra a una menor identificada como V.O. fue cuestionada públicamente por la Colectiva Feminista 50 más 1, que advirtió posibles prácticas de revictimización y exigió que las medidas de protección anunciadas por las autoridades sean efectivas y verificables.
El señalamiento ocurre luego de que el propio Poder Judicial emitiera un comunicado en el que aseguró que la protección de niñas, niños y adolescentes es el eje rector de su actuación, en respuesta a la difusión de videos y comentarios sobre el proceso legal en redes sociales.
A través de un pronunciamiento fechado el 31 de enero de 2026, la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la colectiva reprobó la circulación de imágenes y videos de la menor, tanto en plataformas digitales como en algunos espacios informativos, al considerar que esta exposición vulnera su intimidad y contraviene el principio del interés superior de la niñez.
Además, la colectiva puso en duda el alcance real de las medidas cautelares informadas por el Tribunal y el seguimiento anunciado por el Sistema DIF-Chiapas, al advertir que, en la práctica, estas acciones pueden quedarse en procedimientos administrativos que no garantizan una protección efectiva frente a posibles riesgos.
Exigen que el caso sea analizado con perspectiva de género y de infancia, particularmente ante escenarios de violencia vicaria o posibles entornos de abuso. La colectiva subrayó que ningún acuerdo entre personas adultas debería colocar a una niña en situaciones que comprometan su integridad física o emocional.
En contraste, el Poder Judicial sostuvo que la difusión de información que permita identificar a una persona menor de edad está prohibida por la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas y puede generar responsabilidades legales para particulares y medios de comunicación. La institución aseguró que, en este caso, se han implementado medidas de protección permanentes y que existe coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF estatal.
El órgano judicial también enfatizó que los jueces tienen prohibido emitir posicionamientos públicos sobre asuntos en trámite y que las resoluciones se sustentan exclusivamente en pruebas integradas al expediente, como dictámenes psicológicos y de trabajo social, sin que la presión mediática influya en el criterio jurisdiccional.
La Colectiva Feminista 50 más 1 destacó a través de su comunicado en que la justicia no debe dirimirse en redes sociales ni medirse por reacciones digitales, al advertir que la exposición pública deja efectos duraderos en el desarrollo de las infancias.
