* Reducen personal en COMAR, fallan vuelos humanitarios y desalojan campamento en Tuxtla sin previo aviso.
Redacción
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur advirtió sobre un colapso institucional en los servicios de atención a personas migrantes y solicitantes de refugio en Chiapas, al denunciar una serie de omisiones, actos de corrupción y operativos sin protocolo que han vulnerado derechos fundamentales en la región. A través de un comunicado, las organizaciones que integran el colectivo exigieron una respuesta inmediata de las autoridades federales.
Según el monitoreo realizado por el colectivo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) enfrenta un proceso de desmantelamiento institucional debido a la falta de recursos presupuestales. Esta situación ha derivado en la reducción de personal, incluidos traductores y entrevistadores, lo que ha provocado retrasos que pueden extenderse por más de un año en la tramitación de solicitudes de asilo.
El colectivo también ha documentado testimonios que revelan presuntos actos de corrupción dentro de la COMAR, donde redes de abogados particulares, en colusión con personal de la institución, ofrecen acelerar trámites a cambio de pagos. Estas prácticas, según el comunicado, se han normalizado entre solicitantes ante la falta de garantías y certeza en los procesos oficiales.
En relación con los llamados “vuelos humanitarios” ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) para personas venezolanas que desean regresar a su país, el colectivo señala que solo se han realizado siete vuelos entre febrero y junio de este año. A pesar de haber más de cuatro mil personas en lista de espera, la selección de pasajeros se mantiene bajo criterios poco claros, lo que ha forzado a muchas familias a permanecer en situación de calle.
A esta situación se suma el reciente desalojo del campamento de personas migrantes ubicado al oriente de Tuxtla Gutiérrez, debajo de la Torre Chiapas. La noche del 18 de junio, aproximadamente cien personas fueron retiradas por un operativo conjunto entre el INM, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Fiscalía General del Estado y la policía municipal. La acción, ejecutada sin previo aviso ni plan de reubicación, afectó principalmente a familias con niñas y niños que habían sido trasladadas desde Tapachula meses atrás.
Las organizaciones firmantes calificaron este operativo como parte de una estrategia sistemática de criminalización, hostigamiento y despojo hacia personas en tránsito. Advirtieron que este tipo de acciones se desarrollan bajo discursos oficiales de “limpieza” del espacio público, sin ofrecer alternativas dignas a quienes se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad.
Ante este panorama, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur exigió al gobierno federal la asignación urgente de recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de la COMAR, el esclarecimiento de los actos de corrupción denunciados, y la transparencia en los criterios de selección para los vuelos humanitarios. También pidieron la implementación de medidas de atención y reubicación con enfoque de derechos humanos, especialmente para niñas, niños y mujeres en movilidad.
