Un exfuncionario del gobierno de César Duarte Jáquez, encargado de Adquisiciones, se escondió en el Legislativo. Se trata de Antonio Enrique Tarín García, cuya intención no fue otra que esperar que le otorgaran un amparo pues cuenta con una orden de aprehensión por peculado. Más de 14 horas estuvo refugiado en el sitio donde se debe hacer valer y respetar la Constitución. Había acudido a tomar protesta pero su bancada le dio la espalda, aunque lo dejó resguardarse —hoy por él, mañana por ellos— para que no fuera detenido. Esa es la historia de los políticos en México: se escudan en el fuero y se brindan protección mutua a sabiendas que son arrieros y que en el camino andan.
Desde hace bastante tiempo que la figura jurídica del fuero se ha convertido en sinónimo de impunidad para los servidores públicos. ¿Cómo olvidar la toma de posesión en septiembre de 2010 de Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador de Michocán Leonel Godoy, quien fue ungido como diputado federal pese a tener una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado? Godoy estuvo dos días refugiado en la Cámara de Diputados. Entró como delincuente a San Lázaro —huyendo de la ley, pues estaba prófugo de la justicia— en un auto Malibú, color arena, acompañado de la diputada María Telma Guajardo y salió como el mismo delincuente pero ahora con blindaje.
Si bien el concepto de fuero se aplica en lo militar y en lo civil, en este último se encuentran el fuero federal y el fuero común, que deberían ser entendidos por las cúpulas del poder como una parte del ámbito jurisdiccional y no como un privilegio que les permita violentar las leyes —o torcerlas— a su antojo. Los juristas señalan que éste fue adoptado de Europa y tenía, como intención primigenia, proteger a los senadores y diputados federales de la libre expresión de sus ideas, de la crítica vertida en tribuna buscando disuadir las represiones de los otros poderes. Paulatinamente lo moldearon hasta darle el concepto de «inmunidad procesal», cuya intencionalidad fue la de acomodar al fuero en «el ámbito de competencia judicial».
Siendo México un país que abandera la corrupción y la impunidad, han hecho que el concepto de «inmunidad procesal» sirva para que los funcionarios eviten que la ley se aplique en su contra y les permita evadirla y seguir enquistados con el cinismo que es característico de la clase política. Para ello hacen uso de juicios de procedencia —manipulables, en muchos de los casos,— que no son más que reuniones donde analizan qué tanto les afecta proteger o castigar al indiciado. Sólo en los casos que no pueden ser protegidos, o en los que no se tocan los intereses mezquinos de los poderes fácticos, dejan caer la ley.
Algunos ejemplos son los alcaldes de Chiapas como el de Tumbalá, Porfirio Ramos Torres, desaforado en el 2011 por agredir físicamente a un detenido acusado de violación, pero que después —en los comicios del 2015— regresó a ser alcalde nuevamente. O el de Frontera Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas, acusado de ser copartícipe de la ejecución de un regidor, detenido y encarcelado, mismo que ya fue liberado y retornó al poder como alcalde. Fuera de ahí, a los políticos los vemos vejar sistémicamente los derechos humanos, hacer uso del erario a su antojo, estar acusados de peculado, tráfico de influencias, abuso de poder, ecocidios, conflicto de intereses, entre otros, y no pasa nada.
La justicia mexicana abandera el privilegio de unos cuantos y pisotea el de los ciudadanos. Por algo las iniciativas que atentan contra el fuero y las prerrogativas son mandadas al enfriador, o postergadas buscando que el olvido, el polvo y las telarañas hagan su trabajo. Quizá ello derive a que son más de cientos de políticos que gozan de esta inmunidad que solapa desde el presidente de la República hasta los alcaldes. Mientras el fuero siga siendo un arma que los blinda de la aplicación de la justicia, México seguirá siendo un país de corruptos que se tapan con la misma sábana y se cortan con la misma tijera.
Manjar
Ayer subimos una editorial que criticaba el arribismo político del senador Luis Armando Melgar Bravo. Algunos amigos ya me habían advertido que es intolerante a las críticas y que le incomoda cuando se le señala. Quizá por eso nos mandó a sus troles a fustigar, a querer desprestigiar nuestro trabajo y hasta amenazar con demandas. Lo triste —o ridículo, no lo sé— fue que a quienes les paga para defenderlos son muy malos que terminan embarrándolo más. Uno se atrevió a señalar que Melgar Bravo tiene su propio partido político —¿renunció en silencio acaso al partido del tucán o lo hará en breve?— y que es la #RedMelgar ese instituto que lo acuerpa. Una hora después borraban el mensaje de la web. ¡Vaya metida de pata! #Sebuscantrolesinteligentes // La recomendación de hoy es “Espejo Humeante”, del maestro Juan Bañuelos. Ahora que se nos fue, nos queda con más fuerza su palabra. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.
César Trujillo
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