* En 2023, cuatro personas fueron detenidas ilegalmente, obligadas a cavar una tumba y sometidas a violencia de género, sin una investigación adecuada. La Comisión exigió reparación del daño.
Daniela Alfaro
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 254/2024 dirigida a la Fiscalía General de Chiapas, la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Estado (SEDESPI) y al Ayuntamiento de Zinacantán, por la vulneración de los derechos humanos de cuatro personas indígenas tsotsiles en un caso ocurrido en 2023.
El caso en cuestión comenzó el 14 de agosto de 2023, cuando una mujer y sus tres hijos fueron encarcelados y obligados a cavar la tumba de su esposo y padre, quien había sido encontrado muerto en un camino cercano. Según la CNDH, las víctimas fueron sometidas a diversas violaciones de derechos, incluyendo la no discriminación, la libre determinación, la seguridad y libertad personales, y el derecho a una vida libre de violencia de género.
En su investigación, la CNDH documentó que las personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, amarradas y forzadas a realizar labores en condiciones inhumanas. A pesar de que existían indicios de violencia familiar, no se investigaron adecuadamente las causas de la muerte del hombre ni se protegió a las víctimas de la violencia de género, lo que evidenció graves irregularidades en el proceso judicial.
La Comisión también señaló que las víctimas, tras quedar en libertad por una decisión judicial, no pudieron regresar a su comunidad debido a amenazas de los familiares del fallecido y la retención de su vivienda, lo que constituyó una violación al derecho a la vivienda. Además, se advirtió que las autoridades de Chiapas incumplieron con sus obligaciones de sensibilización y capacitación sobre derechos humanos en las comunidades indígenas.
Por lo tanto, la CNDH solicitó a las autoridades estatales y municipales la reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico, reubicación a un lugar seguro y la capacitación del personal en temas de derechos humanos, perspectiva de género y prevención de la violencia.
La CNDH también pidió al fiscal general del estado investigar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos, y exhortó a las autoridades locales a garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas, además de llevar a cabo medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
