Ciudadanos estadunidenses de primera y de segunda en territorios no incorporados: Una realidad que cuestiona la libertad y la democracia / Conciencia y Visión
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
Circula en redes sociales un video sobre la situación de exclusión de derechos ciudadanos de los puertorriqueños con relación a su nacionalidad estadunidense, exponiendo el video el contexto y marco legal a la que están sujetos en pleno siglo XXI en que reconstruyen las democracias en el mundo; llamando la atención los datos expuestos cuya situación es compartida con otras poblaciones de territorios bajo la administración y pertenencia de los EEUU que representan varios millones de ciudadanos excluidos en territorios sin “libertad” en colonialismos continuados..
Estados Unidos, la autoproclamada “tierra de la libertad” y faro de las democracia global, esconde en sus fronteras contradicciones políticas flagrantes de la era moderna; ya que en pleno siglo XXI mantener la categoría de “territorios no incorporados” para lugares como Puerto Rico que es administrado por EEUU desde 1898; la isla Guam en el pacífico occidental (región oeste del océano pacifico) desde diciembre de 1898; las islas Marianas desde 1975-1986; las Islas Vírgenes en el mar Caribe desde enero de 1927 y; la Samoa americanaen el pacífico occidental, región oeste del océano pacifico desde 1989-1900-1904-1925; ha dado lugar a una casta de ciudadanos estadunidenses, que, aunque portan el mismo pasaporte y pagan contribuciones, carecen de las prerrogativas fundamentales de la democracia.
Esta realidad no es solo un debate global, sino un cuestionamiento directo a las banderas de libertad e igualdad que pregona la nación americana, que a motivado a la movilidad social de los puertorriqueños, existiendo datos que viven más puertorriqueños fuera de Puerto Rico (5 millones) que los 3.18 millones radicados en la isla. Destacando de esta realidad excluyente y adoptiva que a principios del siglo XX la corte suprema de los EEUU resolvió y emitió jurisprudencia determinado que la constitución nacional no se aplica en su totalidad en estos territorios, otorgándole al Congreso la facultad de determinar y decidir sus derechos civiles y políticos, perpetuando un sistema colonial y una ciudadanía desigual que afecta a 3.5 millones de personas con los que ese expone una grave paradoja democrática.
La Genesis de esta desigualdad se remonta a los llamados Insular Cases (Casos insulares) de principios del siglo XX que corresponden a decisiones judiciales de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que estos territorios pertenecen a la nación pero no forman parte de ella; bajo una óptica influenciadapor el expansionismo de la época (que para EEUU no termina); estableciendo el estatus de “territorio no incorporado”, permitiendo al congreso administrar estos territorios sin la obligación de extenderles todas las protecciones y derechos de la constitución, incluso en territorios como Samoa Americana donde sus residentes son catalogados como “nacionales” en lugar de ciudadanos, creando un limbo jurídico que les priva de derechos básicos como votar y ser votado en elecciones o ejercer ciertas profesiones.
Para quienes habitan en estos territorios, la libertad está sujeta a coordenadas geográficas. donde un ciudadano estadunidense que vive en Puerto Rico; Guam o las Islas Vírgenes vive bajo las leyes de un congreso en el cual no tiene representantes con voto. Esta privación de derechos ha sido avalada por el sistema judicial como lo evidencia la decisión del tribunal supremo en el caso United Stats v. Vaello-Madero, que confirmó que el gobierno federal puede excluir a los residentes de Puerto Rico de beneficios vitales como el ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) que corresponde a apoyos económicos federales mensuales a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, incluyendo a niños en pobreza.
Este panorama dibuja una estructura de colonialismo moderno inaceptable. Sostener una ciudadanía de segunda clase convierte la soberanía estadunidenseen un ejercicio de control territorial sobre poblaciones que, en su inmensa mayoría, pertenecen a minorías raciales y étnicas con los que el gobierno ejerce su poder de manera unilateral sobre asuntos ambientales, comercio, defensa y relaciones exteriores,, manteniendo a los territorios en una dependencia sistémica.
Si la libertad es un derecho, un sistema democrático no puede permitirse tener millones de contribuyentes marginados de la toma de decisiones por el simple hecho de vivir en una isla o archipiélago. La solución al déficit democrático de la nación americana deberá pasar necesariamente por un proceso de decolonización; debiendo optar por la plena integración socio-territorial con todos los derechos (la estadidad) o el reconocimiento de la soberanía plena mediante la independencia o libre asociación; siempre bajo la voluntad de los pueblos afectados; siendo hoy insostenible mantener el statu quo perpetuando un hipocresía institucional que mancha el ideal de libertad al que aspira toda nación.
