Sheila Garza
Chiapas está convertido en una zona de guerra con tantos hechos de violencia que se han presentado. Si bien no vivimos en Israel, ni caen bombas diariamente somos testigos de situaciones graves que parecen no tener fin y están fuera de control.
La sociedad en general estamos indefensos ante los pleitos ajenos entre quienes representan el lado de la autoridad gubernamental y quienes son integrantes de organizaciones, convertidas en grupos subversivos que abanderan causas. Ambos transgreden nuestros derechos más elementales.
Los ciudadanos comunes somos sus víctimas y terminamos pagando los platos rotos porque afectan nuestra integridad, porque destruyen nuestro patrimonio, porque acaban con nuestra tranquilidad y porque al final de cuentas no les importamos.
Entre las manifestaciones violentas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá en la capital del estado, las disputas de los campesinos de la OCEZ y los miembros de la Alianza San Bartolomé de los Llanos en Venustiano Carranza, los bloqueos carreteros en diversos municipios de Chiapas (siendo las más recientes San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez y Ocosingo por ejemplo) la situación es cada vez más grave.
El camino de la violencia no debería ser la respuesta para resolver los problemas, pero al parecer es la vía que funciona como medida de presión. Observo y pregunto, ¿cuántas leyes se han roto?, ¿cuántos delitos cometen?, ¿cuántos intereses ocultos tienen para permitir tales barbaridades?, ¿cuánta impunidad y desde cuándo?
Si se hiciera un conteo de las conductas delictivas que cometen entre ambos partes, merecerían cadena perpetua y hasta pena de muerte.
De entrada y con toda la certeza entendemos que los ciudadanos vivimos secuestrados por unos cuantos y padecemos algo llamado terrorismo. Sólo habría que buscar la definición en un diccionario o en el mismo marco legal impuesto por el propio Gobierno.
Para llevar a cabo un secuestro los delincuentes tienen principalmente objetivos como estos: exigir dinero o beneficios para liberar a sus víctimas, obtener publicidad política y retener para chantajear y pactar algo fuera de la ilegalidad. ¿Le suena familiar el asunto?
Por otro lado, los actos de terrorismo son definidos por el diccionario como aquellas formas violentas de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden creando un clima o ambiente de terror e inseguridad para intimidar a los adversarios y a la población en general.
La escena de lo sucedido en pleno centro de Tuxtla fue la misma durante casi 30 minutos, niños, mujeres y hombres corriendo por las calles buscando un refugio para resguardarse de los cohetones, gases lacrimógenos, palos, piedras y objetos voladores ante el temor de que les sucediera algo; puertas de comercios sobrevivientes de la pandemia cerrándose por el miedo de ser destrozados y personas lavándose la cara con refrescos embotellados por absorber el humo de lo detonado. ¿Acaso eso no parece una película de horror?
Los ciudadanos estamos secuestrados y vivimos actos de terrorismo en manos de criminales, que se escudan del poder que les otorgaron en algún momento, de los autores materiales que los crearon para fines políticos, de pseudo nombres que no merecen, porque distan mucho de ser un maestro por vocación que un maleducado rebelde, dista mucho de ser un campesino trabajador de la tierra que un asesino con armas, dista mucho de ser una persona de comunidad que se levanta al canto de un gallo sin meterse en problemas, que los disque pobladores lidereados por un chantajista político.
No, definitivamente no es por ahí. Lo que estas personas cometen son delitos que afectan a otras personas. No merecen ninguna consideración y mucho menos ningún respeto porque ellos no lo han demostrado para la sociedad en la que vivimos todos.
Estos grupos de delincuentes, subversivos y rebeldes no deben recibir dinero, premios o botines, ni apoyos, ni impunidad, ni nada que les sume poder para seguir realizando fechorías. Han causado tanto daño en lo social y económico en sus ciudades y comunidades.
Seguimos pagando justos por pecadores ¿cuántos años más viviendo en un Estado sin Ley y sin derecho justo, omitiendo lo que sucede a plena luz del día y frente a nuestros ojos?,¿cuántas administraciones pasadas atadas de manos y con ingobernabilidad?, ¿cuántos hechos llenos de complicidades entre el Gobierno y los grupos radicales?, ¿cuánto control, cuánta manipulación, cuánto chantaje , cuánto valemadrismo?
¿Cómo pretender que “no pasa nada” si sus acciones tienen nombres y están incluidas en las leyes mexicanas y ameritan castigos?
Si como simple ciudadana tuviera que hacer una lista de los actos que cometen entre estos grupos ya estarían en la cárcel, pero no sólo los que transgreden directamente, sino también los que omiten hacer valer los derechos de la ciudadanía y dicen representarnos como autoridad para cuidarnos, así que hacia ambos lados porque son corresponsables.
Estamos padeciendo a diario: riesgo a la vida, riesgo al patrimonio, traumas físicos y emocionales, detonación de explosivos caseros, incendios, cristalazos, daño a propiedad ajena, extorsión, despojo, robo, privación de la libertad, rehenes, asociación delictuosa, pandillerismo, actos relacionados con la seguridad colectiva, terrorismo, personas agresivas, daño a bienes públicos, manifestación con disturbios y bloqueos, alteración del orden y si le busca encontraría mucho más que eso seguramente.
Los hechos ocurridos tienen nombres claros, con definiciones muy precisas, aún cuando las partes involucradas las quieran entender o no. ¿Acaso deben haber más víctimas y morir personas para hacer algo? ¡JUZGUE USTED!
