*Refleja una problemática creciente, donde la extorsión se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector comercial.
Paco Marín
La Panadería Chiapas, un negocio familiar tradicional en Cancún, cerró sus puertas debido a la inseguridad y a intentos de extorsiones. Su fundadora, conocida como la “abuelita materna”, anunció la decisión a través de redes sociales y expresó su tristeza al verse obligada a dejar atrás un negocio familiar con más de 50 años de historia en la panadería artesanal.
El establecimiento, ubicado en el fraccionamiento Las Palmas y que operaba solo los fines de semana, ofrecía pan elaborado con recetas transmitidas de generación en generación. Sin embargo, el clima de inseguridad en el municipio llevó a su propietaria a tomar la difícil decisión de cerrar, luego de recibir una llamada de intento de “extorsión virtual” proveniente de un penal de la Ciudad de México.
Tras conocer el caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó en un boletín de prensa que elementos de la Policía de Investigación y del Grupo Centurión acudieron al establecimiento para brindar apoyo. Se determinó que la llamada intimidatoria provenía del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y formaba parte de un esquema delictivo en el que los extorsionadores contactan aleatoriamente a ciudadanos para exigirles dinero mediante amenazas.
La FGE exhortó a los afectados a presentar la denuncia correspondiente, lo que permitió abrir una carpeta de investigación y rastrear el origen de la extorsión, en un intento de las autoridades de dar confianza a los comerciantes y evitar el cierre de más negocios por temor a la delincuencia.
El caso de la Panadería Chiapas no es un hecho aislado. En Cancún, múltiples comercios han denunciado ser víctimas de extorsiones, una práctica que ha ido en aumento en los últimos años y que ha obligado al cierre de negocios. Desde llamadas telefónicas hasta amenazas presenciales, los comerciantes enfrentan una constante presión que pone en riesgo sus inversiones y la seguridad de sus familias.
En respuesta, la Fiscalía de Quintana Roo ha reiterado su compromiso de actuar con prontitud en estos casos y ha puesto a disposición de la ciudadanía los números 089 para denuncias anónimas y 911 para emergencias. No obstante, comerciantes y empresarios exigen mayores medidas de seguridad y estrategias efectivas que frenen este fenómeno.
