Manuel Ruiseñor Liévano
SOBRE EL PROCESO Y LOS ASPIRANTES
Con el inicio el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, del proceso para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se cierra un ciclo de ocho años de ineficiencia y opacidad en la fiscalización de los dineros del pueblo. Una decisión, debemos subrayar, la cual tendrá que ser tomada por al menos dos tercios del pleno el próximo 11 de marzo.
Luego del registro y análisis de los aspirantes, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Cámara, será la instancia encargada de entrevistar a los candidatos y decidir cuáles son idóneos para entrar en la terna final.
A todo esto, tenemos que el viernes pasado y tras dos días sin que acudieran aspirantes interesados, finalmente el sábado se presentó en la legislatura federal la primera persona que entrega su solicitud para contender por la titularidad de la ASF, para el periodo 2026-2034.
Se trata de Elizabeth Barba Villafán, contadora pública y abogada, quien ha participado como servidora pública en los últimos 30 años en labores jurídicas, de administración de recursos y de control interno.
Una aspirante que ya había participado en 2009 en la convocatoria para renovar la dirección de la ASF, y quien indicó que la entidad revisora “debe ser capaz de darle a su trabajo un sentido de transparencia y ser cercana a la gente. Tiene que tener plena conciencia de hacer evaluaciones del gasto público y saber en qué se gasta el gobierno cada peso, para que el ciudadano esté conforme con lo que se está realizando”. Nada más pero nada menos.
Lo anterior, con un telón de fondo en el cual se inscribe el nombre del actual titular, David Colmenares Páramo, quien busca su reelección al frente de ese organismo y que a decir de voces críticas y conocedoras del tema, como las del ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y Muna Dora Buchaín, experta en auditoría forense y ex funcionaria del organismo en cuestión, también ha sido indiciado por un gris y opaco desempeño
La designación del nuevo auditor o auditora será para un periodo de ocho años, del 15 de marzo de este año al 14 de marzo de 2034, y en las bases de la convocatoria, que cerrará el 28 de este mes de febrero, se hubo informado que en la revisión de la idoneidad de los aspirantes, se tiene prevista la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
CUENTAS CLARAS CHOCOLATE ESPESO
¿Qué deja como legado el periodo de trabajo de David Colmenares Páramo en eso de cumplir con el viejo refrán popular?
Primero, que disminuyen las auditorías en último año de AMLO, comparado con el cierre de EPN; segundo, que caen señalamientos de irregularidades. Y es que en 2024, bajo el gobierno de López Obrador, se registró la cifra más baja de pliegos de observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación desde hace ocho años.
Las finanzas del último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron sometidas a un 13 por ciento menos de revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), comparadas con las auditorías realizadas en el cierre del expresidente Enrique Peña Nieto, y hubo una caída del 70 por ciento de los señalamientos de irregularidades en instituciones federales.
A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la ASF detectó un total de 358 mil millones de pesos como observaciones en la gestión de su gobierno, mientras que durante la Administración de Enrique Peña Nieto, el total fue de 392 mil millones de pesos.
Lo anterior, acorde con datos provenientes de los informes de la Auditoría y la información, publicados por la propia institución sobre las “recuperaciones operadas”, que son los recursos públicos federales obtenidos en el transcurso de las auditorías.
Así, la Auditoría bajo el mando de David Colmenares recuperó un 80% menos de recursos públicos que la de su predecesor.
Pero vayamos a fondo: durante el periodo 2018-2023, la Auditoría reportó en sus informes poco más de 12 mil millones de pesos en “recuperaciones operadas”, que son los recursos públicos federales obtenidos en el transcurso de las auditorías, mientras que de 2012 a 2017 la cifra rozó los 68 mil millones de pesos (casi 4 mil millones de dólares). En ambos periodos la Auditoría detectó cifras similares de “montos por aclarar”.
EL COLMO
No obstante que Colmenares Páramo ha sido señalado por la oposición y organizaciones de la sociedad civil debido a su supuesta cercanía con el Gobierno que debe auditar, se presenta ahora a la reelección para prolongar su estancia al frente del órgano encargado de vigilar cómo se ejecutan los recursos públicos en el país, tras presentar la semana pasada la última auditoría del primer piso de la Cuarta Transformación.
Desde el lanzamiento de la convocatoria por parte de la cámara federal de diputados, es palpable en medios de comunicación de alcance nacional y aún internacional, una campaña destinada a prestigiar la gestión del actual titular de la ASF en peo de su reelección.
En el análisis de 2024, último año en el poder de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría encontró 65 mil millones de pesos en “montos por aclarar”. Legalmente, las instituciones donde se han detectado los posibles quebrantos entran en un periodo de meses en el que pueden presentar documentación que demuestre que el dinero se ejecutó de forma correcta.
Durante su conferencia de prensa del miércoles 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum habría desestimado esta cantidad al asegurar que “durante el proceso de aclaración estas cifras se reducen”.
¿QUIÉN ES COLMENARES PÁRAMO?
El aún titular de la ASF asumió su cargo como Auditor Superior de la Federación en marzo de 2018, tras la gestión de Juan Manuel Portal. En el mandato de su antecesor, la Auditoría Superior de la Federación demostró sobreprecios de cientos de millones de pesos en la Estela de Luz, se detectaron irregularidades en el Seguro Popular y se hicieron informes que fueron la base para investigaciones periodísticas como “La Estafa Maestra”, que documentaron desfalcos millonarios en Administraciones federales y estatales.
En cambio, durante la gestión de Colmenares se redujeron, hasta casi la inexistencia, las denuncias judiciales por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
AUDITORÍAS POLÉMICAS
La primera polémica de Colmenares fue en 2021. Ese año, la Auditoría atribuyó a la controvertida cancelación del antiguo Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México un daño al erario de 331 mil millones de pesos. El entonces presidente López Obrador criticó este y otros cálculos y Colmenares dio la razón y culpó a su propio equipo de efectuar mal su trabajo. Sin embargo, cuando un par de años después cesó a Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño que se encargó de ese informe, el funcionario despedido publicó una carta en la que acusaba a Colmenares de censura, falta de imparcialidad, autonomía y uso político de la institución.
De modo tal que hoy puede decirse que la posibilidad de reelección de David Colmenares Páramo como Auditor Superior de la Federación (ASF), cuyo periodo concluye el próximo 14 de marzo de este 2026, tiene fuerte oposición, principalmente a causa de los señalamientos sobre la falta de resultados contundentes en la fiscalización durante su gestión 2018-2026.
Las principales opiniones y argumentos en contra de su continuidad, incluyen la falta de resultados y bajo nivel de recuperación de recursos. Y es que no pocos expertos han señalado que bajo la gestión de Colmenares, la ASF ha recuperado un 80% menos de recursos públicos que su predecesor, reportando un alto número de irregularidades con muy pocas sentencias favorables.
Pero vayamos a los eventos que causaron mayor estruendo social:
Uno. Se le acusa de omisión ante casos relevantes, incluyendo Segalmex y el desabasto de medicinas.
Dos. Pérdida de autonomía y complicidad: Voces críticas, como la del ex-diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y la de la experta Muna Dora Buchaín, califican de “inconcebible” la reelección, argumentando que la ASF se convirtió en un órgano pasivo, perdiendo su papel de contrapeso frente al poder Ejecutivo.
Tres. El despido masivo de auditores críticos, como el de Agustín Caso, auditor especial, el cual señaló los altos costos de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, lo que se interpretó como una muestra de falta de independencia.
Cuatro. Falta de participación de la ASF en el Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que denuncias indican que Colmenares ha incumplido sus obligaciones al no asistir a las reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción desde 2019.
Cinco. Organizaciones señalan debilidades estructurales, incluyendo la ausencia de reglas explícitas contra el nepotismo dentro de la ASF.
Seis. Se argumenta que, tras ocho años, se requiere una renovación institucional para rescatar el sistema de fiscalización y evitar la perpetuación en el poder.
En conclusión, se tiene que de darse la reelección de Colmenares Páramo, se estaría perjudicando severamente el buen funcionamiento de la ASF. Además de que se necesita una reforma que elimine la posibilidad de que el Auditor Superior repita en el cargo.
¿Y CHIAPAS?
Ante la polémica nacional desatada por el proceso de relevo en la ASF, nuestros lectores se preguntarán cómo marcha en Chiapas la Auditoría Superior del Estado.
A finales del año pasado el titular de la ASE, José Antonio Aguilar Meza sostuvo que el órgano fiscalizador a su cargo reportaba un avance del 61.7% en su programa de revisiones. Dicho de otro modo, presentaba un rezago del 38.3% en el cumplimiento de su meta de poner bajo la lupa el ejercicio del dinero público en Chiapas por parte de los Ayuntamientos municipales y los entes públicos.
A todo esto, vale la pena subrayar que a inicios de este año de 2026, la ASE aún seguía trabajando para cumplir su agenda del año pasado, aunque según algunas informaciones ese trabajo correspondía al ejercicio 2024, lo cual —de confirmarse— constituiría un grave incumplimiento de su función pública como órgano auditor. Un asunto que debería ser de urgente atención por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. Estaremos pendientes.
A MANERA DE COLOFÓN
Auditar los recursos públicos, ha de ser en todo tiempo un bastión indispensable para el funcionamiento de la democracia y el buen gobierno.
Por igual, garantizar que los dineros del pueblo se utilicen conforme a la ley y con resultados tangibles, ha de ser un deber irrenunciable.
Esa es la razón que asiste la los procesos de rendición de cuentas y transparencia, en los cuales las auditorías son el mecanismo por el cual la ciudadanía sabe con claridad y veracidad cómo y en qué gastan los entes públicos el presupuesto que les fue asignado.
Sin esto no acontece o se frena o, de plano, se incurre en omisión, el Congreso y la sociedad no podrían supervisar eficazmente a las instituciones y todo derivaría en el caos de la función pública y por ende en la corrupción.
México y Chiapas están obligados a no fallar en esa capital encomienda. Vale bien y mejor estar un paso adelante, corregir y enmendar lo que no ha funcionado y entregar, que dejar de hacer y dejar pasar, ¡Cuentas claras, chocolate espeso!
