* Organizaciones sociales, académicos y legisladores advierten que la norma recentraliza el control del agua y deja fuera propuestas comunitarias
El debate por la nueva Ley General de Aguas abrió una confrontación nacional entre congresos locales, organizaciones sociales y sectores productivos, quienes señalan que la normativa aprobada recientemente por el Congreso de la Unión se avaló sin una consulta efectiva y representa retrocesos en materia de derechos comunitarios, autonomía municipal y gestión sustentable del recurso.
En Chihuahua, la mayoría del Congreso estatal adelantó que promoverá un juicio constitucional al argumentar que la nueva legislación omitió la consulta previa a los pueblos indígenas y vulnera la facultad municipal para administrar los servicios de agua potable y saneamiento. Diputados del PAN y PRI respaldaron el exhorto para que los ayuntamientos interpongan controversias, al señalar que los sistemas comunitarios de abasto serán impactados directamente.
A la par, organizaciones y académicos en Puebla llamaron a la movilización social al considerar que la ley perpetúa el modelo de concesiones instaurado desde finales de los años ochenta. Durante el aniversario de la Asamblea Social del Agua, especialistas advirtieron que el marco legal mantiene intacto el esquema de privatización y no incorpora el reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para decidir sobre las aguas de sus territorios.
En Oaxaca, colectivos articulados en la Coordinadora Nacional Agua para Todos señalaron que la aprobación se realizó sin modificar una sola propuesta de los foros de parlamento abierto. Aseguraron que la normativa no establece obligaciones claras para frenar el acaparamiento ni mecanismos para atender a comunidades en situación de marginación hídrica, pese a las múltiples observaciones entregadas al Congreso federal.
Productores agrícolas y ganaderos del norte del país también expresaron preocupaciones. En un encuentro en Chihuahua, representantes del sector afirmaron que los nuevos criterios de disponibilidad podrían traducirse en recortes masivos a las concesiones y generar incertidumbre sobre la transmisión de derechos, un elemento considerado clave para el patrimonio de las familias rurales.
