- Chiapas ocupa el tercer lugar en número de embarazos en menores de 19 años y es la entidad federativa con más matrimonios y uniones infantiles entre los 12 y 17 años de edad.
- Para el año 2020 el 14% de la población de niñas y adolescentes entre 12 y 19 años ya habían tenido un hijo o hija.
En el marco de este 10 de mayo, cuando en mucho a países se celebra el Día de la Madre, bajo el entusiasmo de la mujer reproductora, cuidadora y benefactora, desde Melel Xojobal consideramos importante visibilizar la importancia de una nueva construcción de las maternidades que ponga en el centro los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a la libre determinación, a decidir sobre sus cuerpos y a una vida libre de violencias.
A nivel nacional, Chiapas ocupa el tercer lugar en número de embarazos en menores de 19 años y registra la segunda tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes con 5.4 por cada mil en el grupo de edad de 12 a 14 años y de 3.37 en el grupo de 10 a 14 años.
Desde el año 2000 existe en la entidad una tendencia a la alza en las tasas de fecundidad adolescente sobre todo en las poblaciones hablantes de alguna lengua indígena, con mayores niveles de marginación, analfabetismo y menores o ningún nivel de escolaridad.
En Chiapas, un destino manifiesto para las niñas y adolescentes es el matrimonio y la maternidad siendo una de las entidades federativas con mayor tasa de matrimonios y uniones infantiles. En 2015, de cada 100 matrimonios 15 fueron de niñas, niños y adolescentes y según datos del censo 2020 el 5.9% de adolescentes mujeres entre 12 a 17 años ya se encuentran unidas y el 13.7% entre 12 y 19 ya han tenido un hijo o una hija5.
Es innegable mencionar que estos fenómenos están relacionados al contexto de pobreza y vulnerabilidad asociado al género, edad, etnia, educación, condición económica, de salud, cultura, lugar de residencia, religión, costumbres, acceso a la información y violencias, que impiden la libertad plena y el desarrollo de un proyecto de vida de las niñas y adolescentes mujeres en Chiapas donde el 84% de la población de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza y 34% en pobreza extrema. Esto, asociado también a la histórica y elevada deserción escolar que se ha incrementado también con la pandemia del Covid-19. Junto a ello, el aumento del desempleo, las carentes posibilidades de acceso a las necesidades básicas, y la obligatoriedad impuesta a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de los trabajos de cuidados les priva el derecho a continuar sus estudios, a tener mejores empleos y/o a desarrollar sus planes de vida y asumen la maternidad solas y con difíciles situaciones económicas y emocionales.
En este sentido, el preocupante incremento visto en los últimos años de los embarazos en adolescentes evidencia las brechas en la aplicación de políticas públicas, en particular de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que a nivel estatal no cuenta con estrategias específicas para la atención de la población adolescente indígena, carece de mecanismos de seguimiento y evaluación y está desprovisto de presupuesto suficiente que garantice su sostenibilidad.
Asimismo, es importante señalar que si bien se cuentan con datos estatales, no existe suficiente información estadística a nivel municipal sobre el comportamiento de esta situación social, lo que dificulta diseñar intervenciones que tengan mayor impacto en la reducción de esta problemática y atiendan la salud pública y los derechos no reproductivos de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres empobrecidas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En este 10 de mayo, hacemos un llamado a las autoridades a todos los niveles, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a seguir trabajando en la defensa de los derechos de las niñas y mujeres adolescentes a la libre determinación, a decidir sobre sus cuerpos y a una vida libre de violencias orientando esfuerzos hacia:
1. El acceso a oportuno a la información sobre la salud sexual y no reproductiva, embarazos no deseados y su posible interrupción, y enfermedades de transmisión sexual (ETS) para el bienestar físico, emocional, mental y social de las niñas, niños y adolescentes.
2. El fortalecimiento de capacidades para que niñas y mujeres adolescentes ejerzan su derecho a decidir como principio superior del acceso a otros muchos derechos políticos, sociales, económicos, sexuales y reproductivos.
3. Deconstruir los mandatos sociales que imponen la maternidad como destino natural de los proyectos de vida de las mujeres.
4. Construir socialmente nuevas maternidades y paternidades más equitativas, que visibilicen el trabajo de crianza y de cuidados que históricamente ha sido adjudicado solo a las mujeres.
