* La entidad continúa sin reconocerla legalmente, a pesar de que la Suprema Corte ha establecido desde 2019 que este derecho debe garantizarse mediante trámite administrativo
Redacción / Alfaro Noticias
Chiapas es uno de los diez estados en México donde las personas trans aún no pueden acceder a un procedimiento administrativo que les permita modificar legalmente su identidad de género, de acuerdo con un análisis elaborado por El Economista con datos de Human Rights Watch.
A pesar de que desde 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el reconocimiento legal del género autopercibido debe realizarse mediante un trámite administrativo, sin necesidad de diagnósticos médicos, intervenciones quirúrgicas ni procesos judiciales, en Chiapas esta posibilidad no existe ni cuenta con respaldo legislativo.
La identidad de género está protegida en el marco constitucional mexicano a través del artículo 1, que prohíbe toda forma de discriminación. Sin embargo, cada entidad federativa tiene la facultad de legislar localmente, lo que ha provocado una disparidad en el reconocimiento de este derecho. Actualmente, solo 22 de los 32 estados del país han adoptado leyes que permiten realizar el trámite de manera administrativa con base en el principio de autodeterminación.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, Chiapas cuenta con una población estimada de 215 mil personas LGBTI+, lo que representa alrededor del 5.4 por ciento de sus habitantes mayores de 15 años. Sin embargo, los niveles de rechazo siguen siendo altos: el 79.4 por ciento de la población en el estado expresó desaprobación hacia parejas del mismo sexo que conviven juntas.
A nivel nacional, la ENDISEG reveló que el 28.7 por ciento de las personas LGBTI+ ha tenido ideas o intentos de suicidio, y que el 14 por ciento de estos casos están directamente relacionados con su orientación sexual o identidad de género. Estos datos muestran cómo la falta de reconocimiento legal puede traducirse en efectos concretos sobre la salud mental y el bienestar de las personas trans.
Apenas hace un año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica el transfeminicidio como un delito y establece penas de entre 35 y 70 años de prisión para quien asesine a una persona trans por razones de odio. La ley también busca garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia transmisógina.
La norma fue nombrada en memoria de Paola Buenrostro, una mujer trans originaria de Chiapas que fue asesinada en 2016 en Ciudad de México. Su caso marcó un antes y después en la lucha por el reconocimiento de la violencia estructural que enfrentan las personas trans, particularmente aquellas que ejercen el trabajo sexual.
