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Chiapas, en el último lugar nacional en acceso a internet en viviendas

Chiapas, en el último lugar nacional en acceso a internet en viviendas
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  • De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con datos del Inegi, la ENIGH y el Censo de Población y Vivienda.

Chiapas se ubica como el estado con menor acceso a internet en viviendas de todo el país, con apenas 31% de los hogares conectados, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con datos del Inegi, la ENIGH y el Censo de Población y Vivienda. Esta cifra evidencia una profunda brecha digital que limita el acceso de la población chiapaneca a la educación, la información, los servicios públicos y las oportunidades económicas, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
El gráfico revela que la brecha digital persiste en México, ya que solo seis entidades superan el 70% de viviendas con acceso a internet: Baja California y Ciudad de México (78%), Nuevo León (75%), Aguascalientes y Querétaro (72%), y Quintana Roo (71%). Estas entidades concentran mejores niveles de conectividad, asociados a mayor desarrollo urbano, infraestructura tecnológica y actividad económica.
En un nivel intermedio se encuentran estados como Jalisco, Baja California Sur, Coahuila, Sonora y Chihuahua, con porcentajes que oscilan entre 65% y 70%. Mientras tanto, la mayoría de las entidades se mantiene por debajo del 60%, reflejando desigualdades regionales persistentes en el acceso a servicios digitales básicos.
El extremo opuesto del ranking, además de Chiapas, lo ocupan Guerrero (37%), Oaxaca (42%) y Tabasco (47%), estados con altos índices de marginación social. Estos datos confirman que la conectividad sigue siendo un factor clave de desigualdad estructural en el país.
Especialistas advierten que la falta de acceso a internet en estados como Chiapas no solo profundiza la exclusión social, sino que también limita el desarrollo educativo, la competitividad laboral y la digitalización de trámites gubernamentales, por lo que subrayan la urgencia de políticas públicas focalizadas que garanticen conectividad universal como un derecho básico.

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