Edgar Hernández Ramírez
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó recientemente el registro de tres nuevos partidos locales: Movimiento de Esperanza de Chiapas, Partido Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca. Según la información oficial, cumplieron con documentos, estatutos, asambleas, afiliaciones, informes financieros y requerimientos de la autoridad. A partir de julio tendrán personalidad jurídica y entrarán al sistema de prerrogativas. Todo en regla.
Sin embargo, la legalidad de una autorización no equivale, por sí misma, a su necesidad democrática.
La justificación institucional es que a mayor número departidos, más pluralidad; más pluralidad, más opciones; más opciones, mejor democracia. Pero esa lógica no aplica en suelo chiapaneco, porque aquí el problema no es la escasez de emblemas. Hay colores, acrónimos y siglas suficientes para empapelar las campañas de varias generaciones. Lo que escasea es representación auténtica, democracia interna, deliberación pública y transferencia real de poder hacia la sociedad.
Chiapas no padece una anemia de partidos; al contrario, sufre de una plaga de partidos pequeños que sirven nada más para administrar candidaturas, negociar posiciones o rentar una estructura electoral. Entre el ciudadano y el poder no falta otro logotipo. Faltan organizaciones capaces de formar liderazgos fuera de las élites, defender causas duraderas, transparentar sus recursos y llevar a las instituciones las voces que no llegan por el carril de los operadores.
La aritmética tiene, además, un ángulo difícil de ignorar. Antes de la redistribución que deberá realizar el IEPC con la incorporación de los tres nuevos registros, los partidos ya recibían más de 150 millones de pesos anuales de financiamiento público ordinario en Chiapas, según el acuerdo difundido por el propio organismo. La cifra no es menor en una entidad donde el presupuesto público compite todos los días con necesidades de salud, caminos, agua, educación, seguridad, conectividad y empleo.
No se trata de reclamar que el dinero público desaparezca. El financiamiento estatal busca impedir que el dinero privado –y eventualmente el ilegal– compre la competencia electoral. Ésa es una garantía democrática indispensable. Pero en un estado de carencias persistentes, cada prerrogativa debe cargar con una pregunta incómoda: ¿qué devuelve a la sociedad un partido que recibe recursos públicos?
Es una interrogante más punzante en Chiapas, donde la pobreza no es una abstracción estadística sino una geografía concreta de caminos rotos, clínicas sin insumos, escuelas con rezagos, trabajo precario y comunidades obligadas a recorrer largas distancias para acceder a derechos elementales. El presupuesto no es una bolsa sin historia; cada peso que alimenta oficinas partidistas, asesores, propaganda y burocracias electorales se confronta moralmente con necesidades que ningún discurso puede maquillar.
La respuesta automática dirá que la democracia cuesta. Cierto. Pero también cuesta la simulación democrática, y ésa sale mucho más cara porque paga dos veces: primero con dinero y luego con desencanto. Cuando un partido no representa una causa ni crea ciudadanía, el recurso público no fortalece la democracia; financia su escenografía.
La experiencia chiapaneca nos recuerda que los partidos locales suelen nacer envueltos en retóricas de renovación y terminan absorbidos por la vieja economía política de las alianzas. La marca cambia, pero los métodos sobreviven: afiliaciones sostenidas por redes de movilización; candidaturas como moneda de cambio; dirigencias que convierten la estructura en patrimonio; partidos pequeños que no necesariamente buscan ganar el gobierno, sino elevar el precio de su adhesión frente a los partidos grandes.
No es una acusación anticipada contra las tres organizaciones recién registradas. Es la descripción de un riesgo comprobable en la historia partidista local. En 2021, el propio IEPC confirmó la pérdida de registro de Nueva Alianza Chiapas y del Partido Popular Chiapaneco por no alcanzar el tres por ciento de la votación válida. La lección no es que una fuerza pequeña esté condenada a desaparecer. Es que el registro legal no produce arraigo social por generación espontánea: puede abrir cuentas, instalar oficinas y repartir nombramientos, pero no puede fabricar una identidad política ni una base ciudadana consciente.
Y aquí conviene distinguir entre pluralismo y proliferación. El pluralismo existe cuando una nueva fuerza expresa una fractura social, una demanda desatendida, una visión programática reconocible o una comunidad política hasta entonces excluida. La proliferación ocurre cuando aparecen nuevas siglas sin que aparezcan nuevas ideas, nuevas prácticas ni nuevos sujetos con capacidad efectiva de decidir. La primera amplía la democracia. La segunda amplía el mercado de las franquicias electorales.
En Chiapas, ese riesgo adquiere un peso mayor por la desigualdad territorial y la densidad de intermediaciones políticas. En buena parte del estado, una organización puede crecer no por convicción programática, sino por la habilidad de reunir liderazgos municipales, redes comunitarias, operadores de campaña y grupos que necesitan una plataforma para negociar. Donde la vida pública sigue atravesada por dependencias materiales, cacicazgos locales, tensiones comunitarias y disputas por el control municipal, un partido débil no es necesariamente una voz nueva: puede convertirse en otro filtro entre la gente y el presupuesto, otro vehículo para administrar lealtades.
También está la cuestión de la seguridad. Chiapas ha vivido municipios donde la violencia afectó gravemente el desarrollo de procesos electorales, al grado de impedir o deformar la competencia política. En ese contexto, la multiplicación de estructuras frágiles puede agregar vulnerabilidad. Un partido con controles internos endebles, financiamiento opaco y candidaturas decididas por grupos reducidos es más susceptible a presiones de poderes económicos, cacicazgos o intereses criminales. No porque todo partido local sea sospechoso, sino porque la democracia se debilita cuando el acceso a una candidatura depende menos de una militancia libre que de quién controla el territorio.
La crítica, desde luego, no debe confundirse con nostalgia por el monopolio de los partidos grandes. Cerrar la puerta a nuevas fuerzas sería fortalecer el oligopolio de quienes ya dominan el tablero. El derecho de asociación política merece protección, y el IEPC hizo lo que la ley le ordena: verificar requisitos y reconocer a quienes los cumplieron. El propio Instituto presentó la autorización como resultado de un proceso de revisión de documentos, afiliaciones, asambleas e informes financieros.
Pero la ley sólo responde quién puede obtener registro. No responde quién merece confianza, quién tiene vida democrática, quién representa una causa social o quién convertirá el financiamiento en servicio público.
Esa respuesta tendrá que darla la sociedad, y no dentro de un año, cuando las boletas ya estén impresas y las alianzas hayan repartido el mapa. Habrá que mirar desde ahora quiénes integran las dirigencias, de dónde vienen sus recursos, qué intereses territoriales los acompañan, qué candidaturas impulsarán y qué diferencias concretas ofrecen frente a las viejas maquinarias.
Porque la pregunta no es si Chiapas requiere más partidos, sino si necesita más ciudadanía organizada o más administradores de siglas. ¿Los nuevos registros transferirán poder a comunidades, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, o sólo abrirán otra ventanilla para negociar candidaturas? ¿Traerán proyectos reconocibles o discursos intercambiables? ¿Serán contrapesos o satélites? ¿Podrán rendir cuentas de cada peso público o se sumarán a la larga tradición de confundir la política con una empresa de familia, grupo o facción?
