Héctor Estrada
La vorágine de enfrentamientos, asesinatos y desapariciones que se han convertido en escena recurrente para Chiapas durante los últimos meses han activado finalmente las alertas al interior del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien este fin de semana emitió un pronunciamiento para advertir lo que, según la organización, podría desencadenar en un nueva “guerra civil” al interior de la entidad.
“Chiapas está al filo de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos”, señaló tajante el EZLN mediante un comunicado firmado por más de 800 organizaciones y mil personalidades aliadas, al tiempo de convocar a una jornada internacional de protesta programada para el próximo 8 de junio.
Según los señalamientos de la organización, la crisis comenzó a recrudecerse desde principios del sexenio, cuando varios grupos de corte paramilitar, como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), empezaron a incurrir en territorios zapatistas para adueñarse de terrenos con el fin de utilizarlos para beneficiarse de programas sociales, como ‘Sembrando Vida’, que ofrece recursos económicos a cambio de sembrar árboles frutales y maderables.
Detallaron que los miembros de Orcao han estado utilizando los fondos públicos del programa federal para comprar armas y voluntades. “Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo. Con esas armas, disparan todas las noches contra la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi”, denunció el EZLN en el documento publicado.
La tensión entre los dos grupos ha ido escalando progresivamente desde que, entre el 11 y el 19 de septiembre del 2021, los paramilitares secuestraron a dos dirigentes zapatistas para “provocar una reacción del EZLN” con el fin de desestabilizar también a la zona. Sin embrago, la gota que parece haber derramado el vaso sucedió el pasado 22 de mayo, cuando un comando armado dejó herido de gravedad al líder zapatista Jorge López Santíz, provocando la reacción unánime del EZLN.
“Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual y los anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los apadrinan”, dijo el Ejército Zapatista, en lo que podría considerarse la antesala de una nueva disputa armada entre ellos y los grupos paramilitares ligados al narco que hoy invaden sus tierras.
Si bien la “advertencia” hecha por el EZLN podría interpretarse más como un llamado de auxilio a los tres niveles de gobierno y organizamos internacionales, lo cierto es que el nivel de riesgo por enfrentamientos y mayor violencia es verdaderamente latente. Lo que resulta relevante en este caso es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha decidido alzar finalmente la voz para
exponer en otras instancias lo que hoy sucede en Chiapas, que mantiene a miles en riesgo, y que no sólo afecta la estabilidad de sus 43 territorios autónomos.
La escalada de violencia que padecen hoy varias regiones de la entidad chiapaneca, indígenas o no, requiere inevitablemente de más voces que visibilicen a la apremiante situación actual, a fin de forzar la acción del Estado. Porque ahí está justo su responsabilidad prioritaria. No sólo como aparato de gobierno operador de programas de sociales y proyectos de infraestructura sexenal, sino como garante del orden y la paz, a costa de lo que sea necesario… así las cosas.
