* Un informe preliminar de organizaciones civiles nacionales e internacionales advierte que, pese al discurso gubernamental de “paz recuperada”, en Chiapas persisten el desplazamiento forzado, las desapariciones y la militarización, especialmente en la región fronteriza con Guatemala.
Organizaciones civiles de derechos humanos presentaron el Informe preliminar “Chiapas 2025: La paz pendiente”, un documento que cuestiona la efectividad de la estrategia de seguridad implementada en la entidad desde diciembre de 2024 y advierte que, lejos de una pacificación real, la violencia continúa afectando de manera grave a comunidades de la frontera sur.
El informe fue elaborado por Colibríes, Movilidades Libres y Elegidas A.C.; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes; y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con el acompañamiento internacional del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) y el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR).
De acuerdo con el documento, el 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno asumió funciones en Chiapas y anunció una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada. Durante 2025, dicha estrategia fue acompañada de una intensa campaña de comunicación que promovió la idea de una “paz recuperada”, sustentada en la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y en el despliegue de operativos de alto impacto.
Sin embargo, las organizaciones firmantes se preguntan si el objetivo real de la estrategia es la construcción de paz o la pacificación entendida como control social mediante el uso de la fuerza. En la región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, sostienen, la política de seguridad no ha logrado frenar la crisis de violencia; por el contrario, se ha registrado un aumento de desplazamientos forzados —internos y transfronterizos— y de desapariciones forzadas.
Uno de los ejes centrales de la estrategia gubernamental ha sido la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), integrada por alrededor de 500 elementos con formación militar. Durante 2025, este cuerpo realizó diversos operativos para detener a personas vinculadas con cárteles criminales. No obstante, el informe advierte que su actuación ha profundizado la militarización del estado y ha generado riesgos adicionales para la población civil.
Como ejemplo, se menciona el operativo del 8 de junio de 2025 en La Mesilla, Huehuetenango, Guatemala, donde fue abatido Baldemar Calderón Carrillo, identificado como fundador y financiador del Cártel Chiapas y Guatemala. Reportes periodísticos señalaron la participación de elementos armados que habrían ingresado desde territorio mexicano, lo que evidenció la creciente militarización de la franja fronteriza y el potencial de tensiones diplomáticas.
Las organizaciones también documentan un incremento en los casos de Privación Arbitraria de la Libertad presuntamente vinculados a operativos de la FRIP, así como afectaciones a la libertad personal y de movilidad en distintas comunidades del estado.
En materia de desplazamiento forzado, el informe recuerda que entre 2023 y 2024 más de ocho mil personas fueron expulsadas de sus municipios, principalmente en regiones fronterizas con Guatemala. Aunque una parte retornó en los primeros meses de 2025, lo hizo sin condiciones reales de seguridad. Al menos 200 personas originarias de Chicomuselo y Frontera Comalapa continúan desplazadas en Comitán de Domínguez, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.
El documento subraya que muchas familias viven un desplazamiento intermitente, alternando retornos parciales con salidas temporales ante la persistencia de amenazas, la presencia de grupos armados y la ausencia de garantías de protección.
Un caso reciente ocurrió el 8 de agosto de 2025, cuando un grupo armado ejecutó al comisariado ejidal Rudy Aguilar Lucas y a Manuel Aguilar Lucas, hermanos del exalcalde de Frontera Comalapa. Tras el crimen, más de 100 personas de la comunidad El Sabinalito huyeron hacia la aldea Guailá, en el municipio de La Democracia, Huehuetenango, Guatemala, confirmando la vigencia de rutas de desplazamiento transfronterizo como mecanismo de supervivencia comunitaria.
Respecto a la desaparición forzada, el informe advierte que, aunque algunos indicadores oficiales reportan una baja en homicidios, el aumento de personas desaparecidas constituye un foco crítico. Durante 2025 se contabilizaron al menos 29 personas desaparecidas en municipios fronterizos, principalmente en Frontera Comalapa y La Concordia, aunque las organizaciones alertan sobre un subregistro derivado del miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
Asimismo, se recuerda que a finales de 2024 e inicios de 2025 la Fiscalía General del Estado reportó la localización de 25 fosas clandestinas en La Concordia y Palenque, con 31 cuerpos, sin que exista información pública suficiente sobre los procesos de identificación forense.
Finalmente, el informe cuestiona las iniciativas oficiales de “paz” y “reconciliación”, al señalar que no existen datos claros sobre su implementación, alcance ni resultados. Por el contrario, se documentaron nuevos desplazamientos, restricciones a la movilidad y denuncias de abusos de autoridad durante operativos de seguridad.
Las organizaciones concluyen que, aunque hay avances parciales en algunos indicadores, la situación en la frontera sur desmiente la narrativa de una paz consolidada. La ausencia de registros oficiales completos sobre desapariciones, fosas clandestinas y desplazamientos forzados profundiza la crisis y contribuye a la invisibilización de las víctimas.
El informe completo Chiapas 2025: La paz pendiente será publicado en febrero de 2026 y ofrecerá un análisis detallado de estas tendencias a partir de datos oficiales, reportes locales y testimonios comunitarios.
