Alejandro Flores Cancino
La lucha contra la corrupción y la garantía de la transparencia han sido banderas fundamentales para todo político, pero en Chiapas, con la llegada del nuevo gobierno parece se ha puesto en duda el verdadero compromiso con estos ideales. Si bien el Gobernador Eduardo Ramírez ha dejado claro su enfoque en la “cero impunidad” y la transparencia, en el contexto chiapaneco se están tomando decisiones que generan incertidumbre sobre el rumbo que tomará la rendición de cuentas en la entidad.
Una de las decisiones más significativas ha sido la desaparición, en el presupuesto estatal, de dos instituciones clave en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de Chiapas. A primera vista, esta reestructuración parece ser un paso hacia la simplificación administrativa, pero detrás de esta medida se esconde una preocupación mayor: ¿quién asumirá las funciones de supervisar el acceso a la información pública, sobre todo a nivel municipal, un área crítica donde la opacidad es todavía un mal endémico?
La respuesta, hasta el momento, ha sido la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes de la Honestidad y Función Pública), que se dice ha absorbido los presupuestos y funciones de los organismos desaparecidos. Sin embargo, la gran interrogante es qué garantías de funcionamiento real tendrá esta nueva dependencia. Si bien se presenta como el nuevo eje para combatir la corrupción, aún no se ha definido claramente cómo operará en términos de transparencia. Es vital que esta Secretaría no solo se enfoque en auditar y verificar a la administración pública estatal, sino que también asuma un rol activo en la supervisión del acceso a la información pública en los municipios, donde, lamentablemente, la cultura de la transparencia es aún débil.
La falta de claridad sobre el papel de esta nueva Secretaría deja en el aire una serie de dudas. ¿Tendrá la capacidad y los recursos para cubrir todos los vacíos que dejan la desaparición de los anteriores organismos? ¿Cómo se garantizará que los municipios, en su mayoría pequeños y con recursos limitados, no caigan en la tentación de opacar la gestión pública? La centralización del poder en esta nueva secretaría podría ser un riesgo si no se asegura la independencia, autonomía y capacidad operativa necesarias para exigir cuentas y resultados claros, pero sobre todo en para conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes en contra de las respuestas de los Sujetos Obligados, así como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de la materia.
Es crucial que en este nuevo capítulo de la historia de Chiapas no se pierda de vista el valor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, que no solo deben ser políticas de discurso, sino acciones concretas que fortalezcan la confianza pública. El gobierno estatal tiene la oportunidad de demostrar que la “cero impunidad” no es solo un lema vacío, sino una verdadera estrategia que permita transformar a Chiapas en un referente de honestidad y transparencia en el país.
Si el gobierno de la nueva era realmente busca eliminar la impunidad, es necesario que se clarifiquen las funciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se garantice que la transparencia y el acceso a la información sean principios irrenunciables para toda la administración pública, desde lo estatal hasta lo municipal. Solo así podrá consolidarse la promesa de un Chiapas verdaderamente limpio de corrupción.
