Angel Mario Ksheratto
“De todo culpan al gobierno”, ha sido la excusa de algunos funcionarios estatales y federales (incluido el presidente Peña Nieto), ante la exigencia de resultados concretos y benéficos; también han recurrido al mismo subterfugio, para eludir la responsabilidad en la violencia extrema que vive el país y que a Chiapas, ha llegado de la mano de políticas fallidas en materia de prevención y combate frontal a la criminalidad.
La reacción oficial en los dos últimos crímenes de alto impacto mediático en la entidad, ha sido inusitadamente rápida. Y por lo mismo, sospechosa. Obliga, por tanto, a lanzar serios cuestionamientos a las autoridades judiciales y policíacas.
Aun cuando en efecto, los hasta ahora detenidos por los crímenes contra Gloria Castellanos y Adán Gómez, sean los verdaderos responsables, quedan más dudas que respuestas. ¿Por qué, en ambos casos, metieron celeridad a las investigaciones? En el caso de Gloria, ¿por qué omitieron investigar al dueño del salón donde, se presume, se cometió el crimen? ¿Por qué es familiar de una funcionaria federal?
Con respecto al asesinato de Adán, ¿cómo hicieron para identificar, así de rápido, a los presuntos criminales, si los encargados del famoso C-4, juran y aseguran que las cámaras de ese sector fueron destruidas por los normalistas? ¿Por qué ocultan cierta información relacionada directamente con las condiciones físicas en que fue encontrado el cuerpo? ¿Por qué intentaron, sin éxito, verter la versión que el asesinato pudo ser pasional?
Si hacemos un recuento de los crímenes que se han cometido contra cientos de ciudadanos en Chiapas, ni uno solo se ha resuelto satisfactoriamente. Insisto en que puede ser que las autoridades estén en lo correcto, pero las versiones, chocan incluso, con la lógica. Y con las cifras oficiales y extraoficiales.
Retomando lo dicho en el primer párrafo, no se puede exculpar a las autoridades de la ola de crímenes en Chiapas. En primer lugar, porque las políticas públicas de prevención del crimen y la inseguridad, han fracasado y esas, las ha dictado el gobierno, sin tomar en cuenta a la sociedad. Es, entonces, responsabilidad gubernamental, no garantizar la seguridad de los ciudadanos y de ese compromiso institucional y obligación constitucional, no pueden sustraerse, por mucho que lo intenten.
De acuerdo a la versión oficial (cierta o inventada), a Adán Gómez González, lo asesinaron el chofer de un taxi pirata y dos cómplices entre éstos, una mujer que, se conjetura, trabaja o trabajó como agente de tránsito. Desde hace algún tiempo y para captar votos a favor del PVEM y del PRI, la secretaría de Transporte, bajo presión de algunos legisladores y otros funcionarios “influyentes”, ha repartido concesiones para transporte público, sin que se cumplan los requisitos de ley.
También se ha autorizado, sin fundamento legal, la operación de “taxis colectivos”, que circulan sobre los libramientos norte y sur; son éstos, fuente de alto riesgo para los usuarios quienes, para ahorrarse unos pesos, los abordan, sin saber que podría ser la última vez en su vida que se suban a un taxi bajo esa ilegal modalidad. ¿Se puede eximir de responsabilidad al gobierno?
De confirmarse que una de las sospechosas es o fue agente policial, ¿bajo qué parámetros de control y confianza la contrataron? ¿Por qué ese dato, que podría ser crucial en la investigación de otros crímenes, se ha guardado celosamente? En todo caso, que aclaren esa versión. He ahí, otro elemento para decir que sí, las autoridades tienen responsabilidad directa en la ola de criminalidad que asuela a los chiapanecos.
Es claro que en el tema de prevención, no hay resultados; y mucho tememos que no los haya en los siguientes meses. Las reacciones oficiales ante la crisis, han sido a base de presión social y no convencen. Lo idóneo será que se busquen mecanismos efectivos para someter a los criminales.
Uno de éstos podría ser el inmediato retiro de las concesiones que se han repartido al margen de la ley. Para ello, será menester realizar operativos para lograr dos cosas: retirar a los piratas y evitar que sigan operando como “taxis colectivos”. Exigir a los pulpos del transporte, pedir una serie de documentos personales a los taxistas y combiteros, para garantizar la seguridad de los usuarios.
Revisar los protocolos de investigación en las fiscalías, para evitar confusiones y desconfianza y hacer lo mismo en los cuerpos de policía, para que no se filtren en éstos, delincuentes en potencia. Por último, alertar a los usuarios para no abordar transporte irregular, mediante una campaña institucional y ciudadana. No hacerlo, aumentará el riesgo de morir a manos de delincuentes desalmados.
