* El gobierno capitalino propone un índice de rentas razonables, una defensoría de inquilinos y límites a plataformas como Airbnb
Con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y contener los efectos del desplazamiento forzado por encarecimiento habitacional, el gobierno de la Ciudad de México presentó un plan de 14 medidas para atender los problemas de especulación inmobiliaria y gentrificación.
Entre las acciones anunciadas se contempla la creación de un Índice de Precios de Alquiler Razonable, el cual será diseñado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Este instrumento buscará establecer parámetros objetivos en función de variables como el valor catastral, la ubicación, las características del inmueble, el ingreso promedio por zona y el gasto habitacional.
Durante el evento oficial realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que la vivienda en la capital no debe ser un privilegio, sino un derecho. Afirmó que el tema de la gentrificación no es exclusivo de la Ciudad de México, sino un fenómeno global que ha provocado el desplazamiento de miles de familias.
Uno de los ejes centrales del plan es evitar incrementos desproporcionados en las rentas. Se propondrá que los ajustes anuales no excedan el índice de inflación, en sintonía con reformas ya aprobadas en el Congreso local. Además, se impulsará una ley de rentas justas que regule la relación entre arrendadores e inquilinos, con el objetivo de garantizar condiciones equitativas en el acceso a la vivienda.
Otro punto relevante del programa es el control de la oferta de alojamiento de corta estancia. Según el gobierno capitalino, se establecerán normas claras para la operación de plataformas como Airbnb, con el fin de evitar que contribuyan al encarecimiento de zonas tradicionales y a la expulsión de residentes históricos.
También se contempla la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, que brindará asesoría legal, apoyo en procesos de mediación y mecanismos para denunciar prácticas abusivas. El plan incluye además la construcción de vivienda pública en zonas de alta presión inmobiliaria y la ampliación de esquemas de arrendamiento social dirigidos a sectores prioritarios.
Durante su presentación, Brugada hizo un llamado al diálogo con organizaciones ciudadanas que han participado en movilizaciones recientes contra la gentrificación. Dijo que su administración está abierta a generar espacios de participación donde la comunidad pueda contribuir a definir políticas para preservar el arraigo e identidad de sus barrios.
Las autoridades locales sostienen que este paquete de medidas marca un cambio de rumbo en la política habitacional de la ciudad, al poner en el centro los derechos de quienes han habitado históricamente sus colonias y frenar la lógica del mercado que ha incentivado el desplazamiento.
