* Organizaciones civiles documentaron presuntos impactos ambientales y denunciaron falta de consulta previa a pueblos originarios
Redacción / Alfaro Noticias
Habitantes del municipio de Chilón y de otras localidades del norte del estado, acompañados por organismos de derechos humanos y colectivos ambientalistas, manifestaron nuevamente su oposición a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, y señalan que el proyecto avanza sin cumplir con los requisitos legales y sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Durante el conversatorio “Sí a la vida, no al despojo del territorio. El caso de la supercarretera San Cristóbal-Palenque”, realizado en el templo de San Nicolás, en San Cristóbal de Las Casas durante el fin de semana, los participantes presentaron los resultados de una caravana de observación que recorrió municipios como Palenque, Salto de Agua y Chilón para recabar testimonios y documentar posibles afectaciones.
En un pronunciamiento conjunto, señalaron que la obra carece de información ambiental, social y cultural suficiente, así como de estudios técnicos adecuados. También cuestionaron la falta de difusión de la Manifestación de Impacto Ambiental y la imposibilidad de participar de manera informada en la toma de decisiones.
De acuerdo con las organizaciones, el trazo de la carretera implicaría la deforestación de áreas de bosque mesófilo de montaña, un ecosistema considerado escaso, y podría afectar especies en riesgo como el bagre de Chiapas, la musaraña lacandona y la planta lacandonia. Añadieron que la vía pasa cerca de manantiales que abastecen a comunidades rurales y que la extracción de material pétreo ha provocado deslaves e inundaciones en poblados cercanos.
Asimismo, advirtieron que el proyecto impacta actividades agrícolas al cortar veredas y caminos utilizados para el traslado de cosechas, lo que, dijeron, vulnera el derecho a la alimentación y el aprovechamiento de las parcelas.
En la caravana participaron el Centro de Derechos Indígenas, Desarrollo Económico y Social de los Indígenas Mexicanos, el Colectivo Brigada Común, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), entre otras agrupaciones.
Las organizaciones también denunciaron presuntas amenazas e intimidaciones contra personas que se oponen a la obra y recordaron que en años anteriores un proyecto similar fue frenado cuando formaba parte del denominado Plan Puebla Panamá, posteriormente Plan Mesoamérica.
Indicaron que se han promovido amparos para exigir el respeto a los derechos a la información, a la libre determinación y a la consulta previa; no obstante, señalaron que los juzgados han negado las suspensiones solicitadas bajo el argumento de interés social y orden público, por lo que el proyecto continúa mientras los procesos legales siguen en trámite.
Finalmente, reiteraron su exigencia de acceso pleno a la información, la realización de una consulta conforme a estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el cese de actos de criminalización contra defensores del territorio.
