* A pesar de los operativos realizados hace ocho años para desmantelar los campos de entrenamiento del CJNG y capturar a El Sapo, el líder logró escapar, lo que permitió al cartel continuar expandiendo su influencia.
Desde 2017, la Fiscalía de Jalisco ya tenía conocimiento de los campos de adiestramiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de los Valles de Jalisco, específicamente en Tala y Teuchitlán. En estos lugares, el CJNG, bajo la dirección de Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como “El Sapo”, impartía formación militar a sus miembros, incluyendo técnicas de combate y la incineración de cuerpos en zanjas. A pesar de que la Fiscalía realizó un operativo en 2017 para desmantelar estos centros de entrenamiento y capturar a El Sapo, este logró escapar, lo que permitió que la operación del cartel siguiera creciendo.
En el operativo de 2017, varios testigos que habían sido reclutados de manera forzada relataron los horrores vividos en estos campos, donde se les obligaba a pelear entre ellos, y quienes caían eran ejecutados. Otros relataron cómo eran testigos de asesinatos, mutilaciones y la quema de cadáveres. Un testigo en particular narró cómo un joven sobrevivió a una ráfaga de balas y pidió clemencia, pero finalmente fue ejecutado. Este tipo de crímenes se volvieron frecuentes en los campamentos del CJNG, donde las víctimas eran luego incineradas.
A pesar de los testimonios y evidencias recabadas durante el operativo de 2017, como la identificación de restos humanos en los campos, la Fiscalía nunca informó sobre las acciones que se tomaron para identificar a las víctimas. Con el paso de los años, el CJNG amplió sus actividades de reclutamiento forzado a través de ofertas de trabajo falsas, las cuales, según las investigaciones, eran promovidas en redes sociales y en centros de autobuses de Guadalajara.
En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores localizó restos humanos y objetos personales en el Rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento ubicado en Teuchitlán, donde se realizaban actividades similares a las descritas en los campos de 2017. Las víctimas eran atraídas mediante ofertas laborales de empresas ficticias, y una vez en el rancho, eran sometidas a tortura y asesinadas si se resistían al reclutamiento. De acuerdo con testimonios, los reclutados recibían entre 4 mil y 12 mil pesos semanales por trabajos de seguridad, pero lo que encontraban era un campo de terror, donde los castigos y las ejecuciones eran rutinarios.
El reclutamiento de estas personas se realizaba mediante anuncios en redes sociales, donde se ofrecían empleos falsos en empresas fantasma. Las personas interesadas eran citadas en puntos estratégicos como la Central de Autobuses y luego llevadas a los campos de entrenamiento. El caso de Teuchitlán se sumó a otros casos similares, como el ocurrido en Lagos de Moreno, donde jóvenes fueron secuestrados tras acudir a una feria y luego obligados a participar en asesinatos como parte de su “formación” en el cartel.
A pesar de las denuncias y las evidencias encontradas en las investigaciones, las autoridades locales de Jalisco han sido acusadas de complicidad en estos crímenes. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, señaló que la Policía de Tala estaba coludida con los criminales que operaban en la zona, lo que podría haber facilitado el funcionamiento de estos campos sin que las autoridades locales intervinieran de manera efectiva. En este contexto, el caso sigue siendo investigado a nivel federal, pero las autoridades federales han criticado la falta de acción de las autoridades locales ante la magnitud del problema.
