* El Consejo Interreligioso de Chiapas pidió que se respeten la libertad religiosa y la objeción de conciencia en todos los contextos, incluidos los procesos legislativos.
Daniela Alfaro
El Congreso del Estado de Chiapas ha comenzado el proceso legislativo para la despenalización del aborto, con el objetivo de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. La iniciativa, que reforma el artículo 4 de la Constitución local, fue presentada en sesión pública y turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen. Si se aprueba, también se realizarán modificaciones al Código Penal de Chiapas para dar cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, explicó que las comisiones trabajarán en el dictamen que será presentado la próxima semana ante el pleno. Aseguró que, aunque la SCJN no ordenó el cambio del artículo 4 de la Constitución local, es necesario hacer esta modificación para garantizar el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo, como lo establece la Corte. La propuesta será votada por los 40 diputados chiapanecos en los próximos días.
Esta reforma constitucional forma parte de un esfuerzo por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, y de alinearse con las disposiciones nacionales en materia de salud y derechos humanos. La modificación también busca mejorar el acceso a servicios de salud seguros y gratuitos para quienes decidan interrumpir su embarazo, lo que actualmente está restringido bajo la legislación estatal.
Sin embargo, el Consejo Interreligioso de Chiapas (CICH), que agrupa a diversas organizaciones religiosas, ha manifestado su oposición a la propuesta. En su declaración, el CICH subraya la importancia de la vida desde la concepción y ha pedido a los legisladores chiapanecos que protejan este derecho en la legislación estatal. Además, el Consejo defendió la libertad religiosa y la objeción de conciencia, considerando que estas deben ser respetadas en todos los contextos, incluidos los legislativos.
A pesar de las críticas, organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos han respaldado la iniciativa, argumentando que la despenalización del aborto es fundamental para garantizar la autonomía de las mujeres y reducir los riesgos de salud derivados de abortos inseguros. También han señalado que la medida no solo responde a un mandato de la Suprema Corte, sino a un imperativo de justicia social para quienes, por razones de salud, económicas o sociales, no pueden llevar adelante un embarazo.
