* Durante el fin de semana, se registró el feminicidio número 23 del año y la liberación de dos mujeres que fueron encarceladas arbitrariamente por una disputa de deuda
Redacción / Alfaro Noticias
En el municipio de Motozintla, se confirmó el feminicidio de una joven cuyo cuerpo fue localizado la mañana del sábado en el barrio Emiliano Zapata, muy cerca de la comandancia de la Guardia Estatal Preventiva. El hallazgo ocurrió a un costado de un canal, lo que movilizó a diversas corporaciones policiales para las diligencias correspondientes.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar al responsable del asesinato. Este hecho representa el feminicidio número 23 registrado en el estado durante el año, situación que, según la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha generado preocupación en la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La comisión y colectivas feministas se han pronunciado en redes sociales para insistir en la necesidad de que toda muerte violenta de mujeres sea investigada desde el inicio bajo la perspectiva de feminicidio, evitando la impunidad y la normalización de este tipo de violencia.
Por otro lado, en el ejido Hidalgo, municipio de Las Margaritas, dos mujeres identificadas como Gloria Pérez Velasco y María del Carmen fueron liberadas tras haber permanecido retenidas ilegalmente en condiciones precarias por más de una semana. La retención se originó por una disputa relacionada con una deuda entre Gloria y un prestamista, quien además habría solicitado la colaboración de la comunidad para encarcelarlas.
Familiares denunciaron que ambas mujeres, quienes padecen diabetes, estuvieron sin acceso a sus medicamentos, alimentos adecuados ni atención médica, bajo un trato que calificaron como inhumano. A pesar de que se hizo un pago que superó la deuda inicial, el acreedor exigió una suma mucho mayor sin ofrecer documentación que respaldara dichas exigencias.
La Fiscalía y la Delegación de Gobierno de la región realizaron un operativo para su liberación y abrieron una investigación para deslindar responsabilidades. Asimismo, se solicitó la intervención de organismos de derechos humanos y autoridades competentes para prevenir que este tipo de situaciones se repitan.
