* El asesinato de María del Carmen y su hijo sacude a colectivos de búsqueda en Jalisco, que denuncian impunidad y exigen a Sheinbaum intervenir ante la violencia que enfrentan las familias buscadoras
María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fueron asesinados la noche del miércoles en el Fraccionamiento Las Villas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ambos buscaban a Ernesto Julián Ramírez Morales, hijo y hermano, desaparecido desde febrero de este año en el mismo municipio.
Según reportes policiales, el ataque se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando hombres armados vestidos de negro llegaron en motocicletas y dispararon directamente contra madre e hijo en una de las áreas verdes del fraccionamiento. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar sin que hasta ahora se tenga información oficial sobre su identidad.
El colectivo Guerreros Buscadores emitió un comunicado donde calificó el crimen como un golpe devastador y exigió una investigación inmediata y exhaustiva. También pidió justicia no solo por María del Carmen y su hijo, sino por Ernesto Julián, cuyo caso sigue sin resolverse.
Además, el grupo solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que el gobierno de Jalisco tome medidas efectivas contra la violencia, especialmente la que afecta a las familias buscadoras. “Pedimos acciones reales que protejan a quienes buscan a sus seres queridos. No más silencio, no más impunidad”, declararon.
La situación ha generado preocupación entre otros colectivos de búsqueda, que advierten un patrón de violencia contra sus integrantes. A inicios de abril, también se confirmó el fallecimiento de Teresa González Murillo, otra madre buscadora que fue víctima de un intento de secuestro en Guadalajara.
Organizaciones civiles han reiterado que la violencia contra quienes buscan a sus desaparecidos no solo vulnera sus derechos, sino que también es una forma de intimidación que obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia. Los colectivos insisten en que el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar condiciones seguras para su labor.
