* La reforma permitirá que elementos de la GN ocupen cargos de elección popular y queden bajo el mando de la Sedena; partidos de oposición anticipan acciones legales.
Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional, iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal que reconoce a esta corporación como una fuerza de seguridad permanente bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque se mantiene formalmente su carácter civil, los elementos podrán solicitar licencias para contender por cargos públicos o integrarse a funciones administrativas en cualquier nivel de gobierno.
La reforma también modifica seis leyes y dos códigos relacionados con la seguridad pública, el sistema de justicia militar y las telecomunicaciones. Entre los cambios más polémicos está la posibilidad de que los militares en activo participen en procesos electorales, lo que para la oposición representa una ruptura con los principios del Estado civil. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que la medida abre la puerta a una “militarización de la vida pública” y anunciaron amparos una vez que concluya el trámite legislativo.
Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la iniciativa como un paso para fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno en materia de seguridad. Aseguraron que con estos ajustes se profesionalizará a la Guardia Nacional y se aprovechará la experiencia logística y operativa de la Sedena. “Los únicos que deben temerle a esta reforma son los delincuentes”, dijo el diputado Sergio Mayer.
La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, criticó que el dictamen consolida no solo la militarización de la seguridad, sino de toda la vida política nacional. “Ahora se permite que integrantes de la Guardia Nacional ocupen cargos en gobiernos municipales, estatales y federales. Es un horizonte autoritario que ni el PRI se atrevió a cruzar”, advirtió desde tribuna.
Otras voces opositoras alertaron sobre posibles abusos en el uso de tecnologías de vigilancia. El PRI y el PAN acusaron que esta reforma se conecta con otras iniciativas que permitirían al gobierno solicitar en tiempo real la ubicación GPS de ciudadanos sin controles suficientes, lo que llamaron una “Ley Espía”. Desde el oficialismo, se insistió en que las reformas están respaldadas por la Constitución, que ya contempla la posibilidad de que elementos castrenses pidan licencia para ocupar cargos públicos. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida desde su conferencia matutina, señalando que la oposición recurre a argumentos falsos y que el mando militar garantizará orden y eficacia sin comprometer la institucionalidad.
