* Durante una asamblea general, pobladores denunciaron el riesgo de que se repitan los episodios de desapariciones, homicidios y enfrentamientos registrados
Redacción / Alfaro Noticias
En un clima de desconfianza y memoria de hechos violentos, habitantes del municipio de Altamirano realizaron una Asamblea General para rechazar el regreso de los exregidores Hilda Montoya y Alfredo Torres, quienes fueron restituidos en sus cargos por orden del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).
Más de un centenar de representantes de comunidades y barrios de la cabecera municipal participaron en el encuentro, donde expresaron su desacuerdo con la resolución emitida el pasado 28 de febrero, al considerar que la reincorporación de ambos funcionarios podría reavivar los conflictos que en años anteriores derivaron en desapariciones, homicidios y enfrentamientos entre grupos locales.
Los asistentes recordaron los hechos ocurridos entre 2023 y 2024, cuando el municipio vivió una de sus etapas más violentas tras disputas políticas internas. Durante ese periodo, se denunciaron secuestros, asesinatos y levantones atribuidos al grupo que encabezaba el entonces síndico Gabriel Montoya Oseguera, señalado por los pobladores como responsable de varios actos de desestabilización y amenazas.
“Altamirano logró recuperar la calma después de años de miedo y dolor. No queremos volver a vivir lo mismo”, expresaron los habitantes, quienes afirmaron que su rechazo no es hacia la figura de las regidurías plurinominales, sino hacia las personas específicas por su presunta relación con hechos de violencia y corrupción administrativa.
Durante la asamblea, los pobladores pidieron la intervención del Gobierno del Estado y del Congreso local para garantizar la paz y atender el descontento social. Advirtieron que permitir el regreso de los exregidores significaría “abrir la puerta a un nuevo periodo de inestabilidad”, en una región que ha sido escenario de enfrentamientos y desplazamientos forzados en los últimos años.
También hicieron un llamado a las autoridades judiciales y electorales a considerar el contexto de inseguridad que persiste en el municipio antes de ejecutar la sentencia. Señalaron que, aunque están dispuestos a respetar los derechos políticos de los implicados, no aceptarán su presencia física en el Ayuntamiento por razones de seguridad y respeto a las víctimas.
Los pobladores aseguran que la reconciliación ha sido un proceso lento y frágil, por lo que piden que no se impongan decisiones que puedan poner en riesgo los avances logrados hacia la paz social.
