* El Centro Frayba lo vincula con actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos.
Redacción / Alfaro Noticias
La vivienda de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fue allanada la noche del lunes 22 de julio en San Cristóbal de Las Casas. El hecho fue denunciado públicamente por la organización, que advierte un patrón de agresiones contra quienes integran este centro, en un contexto de creciente violencia en la entidad.
De acuerdo con el Frayba, una vecina alertó sobre la puerta principal abierta alrededor de las 19:52 horas. Al acercarse al domicilio, se percataron de ruidos en la planta alta, por lo que optaron por cerrar nuevamente y retirarse. Poco después llegaron integrantes del equipo del Frayba, quienes reportaron signos evidentes de irrupción como cerraduras forzadas, objetos fuera de lugar y ventanas abiertas.
A las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, aunque la respuesta institucional fue limitada. La organización denunció que un agente estatal únicamente preguntó sobre las medidas cautelares sin ofrecer asistencia directa, y que Dora Roblero no había recibido previamente los datos de contacto de los agentes responsables de los rondines.
Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal llegaron al sitio, pero según el reporte, no realizaron ninguna diligencia para garantizar la seguridad del inmueble ni para investigar lo ocurrido. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Distrito Altos.
Este es el segundo allanamiento registrado contra integrantes del Frayba en menos de diez meses. En su más reciente informe, el organismo ya había advertido sobre un clima de hostigamiento, vigilancia e intimidaciones sistemáticas hacia defensores de derechos humanos en Chiapas.
El Frayba señaló que el allanamiento representa una violación a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a su equipo desde 2021. La organización exigió al Estado mexicano garantizar la seguridad de su directora, investigar lo ocurrido y frenar lo que considera una política de desprotección hacia quienes defienden la vida y el territorio en la región.
Además, convocó a organizaciones, colectivos y ciudadanía a mantenerse atentos y manifestarse frente a este tipo de agresiones. Según el Frayba, lo que pasó no tiene nada que ver con la imagen de Chiapas como “el estado más seguro del país” que promueve el gobierno.
