* Cifras oficiales y pronunciamientos federales advierten que los embarazos en niñas y adolescentes deben investigarse como posibles delitos y no solo atenderse desde el ámbito de la salud
Redacción / Alfaro Noticias
En al menos 24 municipios se ha identificado un aumento en los casos de embarazo infantil y adolescente, una situación que especialistas y activistas han vinculado con violencia sexual y que, de acuerdo con la legislación estatal y federal, puede constituir un delito que debe ser investigado por las fiscalías.
Organizaciones civiles alertaron que municipios como Oxchuc, Chenalhó, Pantelhó, Aldama, San Juan Cancuc, Mitontic, Santiago El Pinar, Jitotol, Acacoyagua, Mazapa de Madero, San Fernando, Sunuapa y Ciudad Hidalgo, entre otros, presentan tasas elevadas de fecundidad en niñas y adolescentes, lo que ha encendido alertas por posibles agresiones sexuales no investigadas.
De acuerdo con el Código Penal de Chiapas, toda relación sexual con menores de 14 años se considera pederastia, sin que exista la figura legal del consentimiento. En ese sentido, activistas subrayaron que los embarazos en este rango de edad no deben analizarse únicamente como un fenómeno de salud pública, sino como hechos que presumen la comisión de un delito.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que entre 2022 y 2023 se registraron en Chiapas 10 mil 48 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, una cifra que especialistas consideran alarmante y que refleja fallas estructurales en prevención, atención y procuración de justicia.
Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los embarazos en menores deben ser investigados de manera obligatoria por las fiscalías estatales, especialmente cuando existe una diferencia de edad significativa entre la menor y el padre. Subrayó que estos casos se presumen como delitos y requieren la apertura inmediata de carpetas de investigación.
Desde el ámbito federal, se reiteró que el embarazo infantil no debe normalizarse ni resolverse únicamente con la atención del parto, ya que, en la mayoría de los casos, está relacionado con violencia sexual, abuso y contextos de desigualdad social. Por ello, se instruyó a fortalecer los protocolos en hospitales y sistemas de salud para garantizar la intervención de las autoridades ministeriales.
En Chiapas operan mecanismos como la Alerta de Violencia de Género, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) y el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, coordinados por dependencias de salud y de atención a las mujeres, aunque organizaciones civiles han advertido que los casos continúan en aumento y requieren mayor coordinación interinstitucional. Con información de Milenio.
