* Entre enero de 2024 y mediados de 2025 se registraron más de 150 ataques, incluidos asesinatos y allanamientos, en un contexto de militarización y despojo territorial
Redacción / Alfaro Noticias
Organizaciones del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunciaron una escalada de violencia en el estado contra activistas y comunicadores, pese al discurso de pacificación promovido por el gobierno estatal.
Entre enero de 2024 y mediados de 2025 se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo cuatro asesinatos y más de un centenar de ataques directos. Las agresiones van desde actos de intimidación y difamación hasta ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia y el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez.
El reciente allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), volvió a evidenciar el riesgo que enfrenta el personal de esa organización, que ha sido blanco de al menos 46 agresiones desde 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene medidas cautelares a favor del Frayba desde 2010.
La criminalización también ha alcanzado a quienes defienden los derechos de personas migrantes. En agosto de este año, el activista Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., fue detenido y acusado de delincuencia organizada, aunque posteriormente un juez declaró infundadas las acusaciones.
En el caso del periodismo, el Espacio OSC destacó los asesinatos de los reporteros Fredy López Arévalo (2021) y Víctor Alfonso Culebro Morelos (2024), además de 21 agresiones documentadas por CIMAC contra mujeres periodistas en los últimos dos años, incluidos dos allanamientos.
Las organizaciones señalaron que, aunque el gobierno de Chiapas sostiene un discurso de reconciliación, las condiciones de seguridad y derechos humanos se han deteriorado. Denunciaron que la estrategia de militarización no ha reducido la violencia ni frenado el desplazamiento forzado.
El comunicado también retomó las denuncias de comunidades zapatistas sobre despojos de tierras y hostigamientos, presuntamente en complicidad con fuerzas armadas y policías estatales. De acuerdo con el Espacio OSC, estas acciones reflejan la relación entre actores estatales y estructuras de poder local que buscan imponer proyectos económicos y de control territorial.
Las agrupaciones exigieron al gobierno estatal y federal detener la criminalización de defensoras y periodistas, garantizar su seguridad y rendir cuentas sobre los avances en las investigaciones de los ataques. Además, pidieron a la comunidad internacional mantener el monitoreo sobre la situación en Chiapas y fortalecer el apoyo a las organizaciones civiles que acompañan a comunidades vulnerables.
Según el Espacio OSC, la violencia, la pobreza y la impunidad continúan siendo los principales factores que impiden la construcción de paz en la entidad.
