* Según la investigación, el alcalde recibía hasta 70 mil pesos mensuales por su colaboración, que incluía la provisión de armas y policías municipales para custodiar el rancho y perseguir a quienes intentaban escapar.
La detención del presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, ha puesto bajo el reflector público una serie de presuntos vínculos entre autoridades locales y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el edil habría colaborado activamente con el grupo delictivo, recibiendo pagos mensuales y facilitando recursos municipales para sus operaciones.
Durante la primera audiencia del caso, celebrada el domingo pasado, el Ministerio Público imputó a Murguía los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada, abuso de autoridad, trata de personas y reclutamiento forzado. Las investigaciones lo señalan como una figura clave en el funcionamiento del Rancho Izaguirre, una finca en Teuchitlán que habría sido utilizada como centro de entrenamiento y reclutamiento por el CJNG, y que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas califican como un centro de exterminio.
Testimonios presentados ante el juez indican que Murguía, también conocido como “Chon”, habría mantenido contacto directo con jefes del CJNG como José Gregorio Hermida, alias “El Lastra”, y Gonzalo Mendoza, alias “El 90”. Según estas versiones, el alcalde recibía hasta 70 mil pesos mensuales por su colaboración, que incluía la provisión de armas y policías municipales para custodiar el rancho y perseguir a quienes intentaban escapar.
Uno de los señalamientos más perturbadores fue la acusación de que el edil participó, junto con otros integrantes del grupo criminal, en la manipulación y quema de restos humanos dentro del predio. Aunque la FGR afirma que aún no hay pruebas concluyentes que confirmen el uso del rancho como crematorio, estudios previos han detectado restos óseos con exposición térmica y presencia de cenizas y combustibles.
El caso ha generado una fuerte polémica debido a que, pese a conocerse antecedentes del rancho desde septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional detuvo a diez personas y rescató a dos víctimas, las autoridades estatales no realizaron una investigación exhaustiva. Fue hasta marzo de 2025, tras el ingreso del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que se hallaron nuevas evidencias, como ropa, fragmentos de hueso y posibles zonas de cremación.
Por el momento, Murguía permanece bajo prisión preventiva mientras su defensa prepara argumentos para las próximas audiencias. Movimiento Ciudadano, el partido al que pertenece, ha expresado su respaldo al alcalde y ha exigido que las autoridades presenten pruebas sólidas. Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que será la FGR quien deberá esclarecer los hechos y dar a conocer los avances de la investigación.
