* Aunque la ley establece la separación a los cuatro años, los niños siguen en condiciones inadecuadas hasta ese momento.
Redacción / Alfaro Noticias
En Chiapas, los centros penitenciarios enfrentan serios problemas de hacinamiento y condiciones inadecuadas que afectan tanto a los adultos como a los menores. En la actualidad, 15 niños viven en los Centros Estatales de Reinserción Social (CERSS) de Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, en compañía de sus madres. De estos menores, nueve son niñas y seis son niños.
Estos menores, aunque no han cometido delito alguno, se ven privados de su libertad y viven en un entorno con limitados recursos para su desarrollo. A pesar de que la normativa establece que los menores deben ser separados de sus madres al cumplir los cuatro años, hasta ese momento, los niños permanecen bajo condiciones no óptimas dentro de los centros penitenciarios.
En relación con las mujeres, actualmente hay 365 internas en tres centros penitenciarios de Chiapas: 210 en Cintalapa, 88 en San Cristóbal de Las Casas y 67 en Tapachula. Varias de las mujeres encarceladas provienen de contextos de vulnerabilidad social y enfrentan procesos judiciales cuestionados por la falta de garantías. Se han documentado casos en los que las mujeres enfrentan tratos que podrían vulnerar sus derechos humanos, incluidas denuncias de tortura durante la detención.
En cuanto al sistema judicial, organizaciones feministas y grupos de derechos humanos señalan que existe una falta de perspectiva de género, lo que ha contribuido al aumento de la población femenina encarcelada, que ha crecido un 50 por ciento en relación con los hombres. Datos de la Fiscalía General del Estado revelan una baja resolución de casos relacionados con violencia de género, con más del 63 por ciento de las investigaciones aún pendientes.
Además de las condiciones de hacinamiento y la limitación del acceso a una defensa adecuada, las mujeres también enfrentan discriminación dentro del sistema penitenciario. Muchas de ellas han sido procesadas por delitos relacionados con situaciones de violencia doméstica, sin que se consideren adecuadamente las circunstancias que las llevaron a cometerlos.
Defensores de los derechos humanos continúan exigiendo cambios para mejorar las condiciones de los internos, especialmente de los menores, que no deberían ser objeto de reclusión.
