Héctor Estrada
Las imágenes del Parque Ecoturístico de los Humedales en San Cristóbal de las Casas prácticamente seco parecen confirmar lo que tanto se advirtió y temió durante años: las principales reservas de agua superficial en ese municipio están agonizando irremediablemente. Todo, en medio de la indiferencia y complicidad de autoridades locales para quienes el problema ambiental ha pesado menos que los costos políticos y electorales en torno al caso.
El tema de los humedales de montaña en San Cristóbal, no es nuevo. Durante las últimas dos décadas poco más de 20 hectáreas al interior de los humedales han sido completamente devastadas, secadas, rellenadas y acondicionadas para el desarrollo de zonas habitacionales. Tan sólo en lo que respecta al humedal María Eugenia se tienen registradas 15 invasiones y numerosas zonas de azolvamiento intencional que han provocado un impacto ambiental considerable.
En 2008, el entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez ordenó la publicación de los decretos 137 y 138 en el Periódico Oficial del Estado No. 078. Mediante estas publicaciones legislativas los humedales La Kisst y María Eugenia fueron declarados Áreas Naturales Protegidas, sujetas a conservación ecológica. Se prohibieron los cambios de uso de suelo, las actividades de relleno o cualquiera otra que modificara el patrón de escurrimiento en la zona.
Sin embargo, debido a que los humedales se encuentran ubicados en propiedad privada, quienes se ostentaron como dueños iniciaron las acciones legales correspondientes, alegando que, en el proceso, se omitió notificarles del decreto y se les causó daño patrimonial. Los errores de procedimiento y la falta de una debida defensa terminaron otorgando un amparo federal a los propietarios particulares, dejando sin efectos a los decretos de conservación ecológica.
El error garrafal trató de ser resarcido el 22 de marzo de 2011 con la publicación de un nuevo decreto (No. 182 publicado), pero se cometieron nuevos errores. Desde entonces poco se ha podido hacer para detener la devastación. Los propietarios han acelerado el cambio de uso de suelo, bajo la complicidad de las autoridades municipales que han facilitado el otorgamiento de permisos pese a la alarmante situación.
Fue en 2017 cuando diversos colectivos, personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas, iniciaron una ruta de defensa no jurisdiccional ante la CNDH. Sin embargo, la queja fue archivada durante tres años. En 2020 los promoventes solicitaron la reapertura de la queja que finalmente siguió su proceso, hasta el 1 de febrero del año pasado cuando fue emitido el ansiado pronunciamiento oficial del organismo.
La recomendación reconoció violaciones a los derechos de un medio ambiente sano, al agua y al saneamiento, así como a la vivienda adecuada. Además, dio a conocer se realizará el deslinde de responsabilidades de servidores públicos y dependencias oficiales por irregularidades administrativas que derivaron en presuntos delitos.
El documento emitido por la CNDH exigía la aplicación urgente de: “medidas correctivas, de seguridad y de salvaguarda a los ecosistemas”. Así como la elaboración de un informe sobre el estado que guardaban “las carpetas radicadas en la fiscalía, relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas”. No obstante, a un año de aquella solicitud nada se hizo al respecto.
Y es que, en torno al caso existen actualmente al menos 60 denuncias formales ante dependencias como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, que hasta el momento han sido omisas.
Hoy los efectos nocivos han causado ya la pérdida definitiva del 30 por ciento de los humedales de montaña en el municipio, y la devastación avanza con rapidez. Por eso las devastadoras imágenes del parque ecoturístico prácticamente seco no generan ninguna sorpresa. Era una consecuencia que se había advertido durante años, pero que los responsables de evitarlo dejaron que sucediera.
Los sucedido en el Parque de los Humedales durante los últimas semanas han provocado la pérdida de numerosas especies de peces endémicos y las consecuencias ambientales seguramente serán mayores durante los meses de estiaje. Mientras tanto las autoridades se han sumido en una indiferencia conveniente que, aunque se prefiera ignorar de momento, no sólo amenaza el equilibrio ambiental de la zona, sino también el futuro abastecimiento de agua para miles de personas en la región… así las cosas.
