* Reducción del flujo migratorio, rezagos institucionales y políticas restrictivas generan afectaciones a miles de personas en movilidad y a sectores locales
Redacción / Alfaro Noticias
Tapachula concentra más del 65 por ciento de las solicitudes de asilo en México y enfrenta una crisis humanitaria y económica derivada del rezago institucional y la disminución del flujo migratorio. Así lo advirtieron organizaciones civiles, representantes legislativos y actores del sector empresarial.
Entre enero y mayo de 2025, se registraron más de 36 mil solicitudes de refugio en el país, la mayoría de ellas en Tapachula. A la par, más de 40 mil niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad han sido contabilizados, muchos de ellos sin acompañamiento. Legisladores señalaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) enfrenta un rezago del 60 por ciento en la atención de solicitudes, además de un recorte presupuestal del 10 por ciento.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova alertó que hay hasta 19 retenes en el tramo Tapachula-Tuxtla Gutiérrez, lo que afecta la movilidad incluso de personas solicitantes de refugio. También denunciaron que la eliminación de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, sustituida por un documento sin valor legal, ha provocado detenciones y deportaciones, incluidas mujeres embarazadas o con menores de edad.
En una encuesta aplicada a 235 personas migrantes en Tapachula, el 63 por ciento señaló no contar con estatus regular, el 60 por ciento no tiene empleo, el 17 por ciento vive en situación de calle y solo el 26 por ciento de los menores accede a educación. Además, el 22 por ciento de los encuestados reportó que solo realiza una comida al día.
Por su parte, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, estimó que alrededor de 38 mil personas migrantes permanecen varadas en la ciudad. Indicó que algunas han optado por salir en caravanas debido a la falta de atención institucional y la imposibilidad de regularizar su situación.
El impacto también ha alcanzado a la economía local. Empresarios de sectores como transporte, hospedaje y comercio reportaron una caída de hasta 20 por ciento en ingresos. Durante el periodo de mayor afluencia migratoria, se registró un incremento notable en actividades como el arrendamiento informal de viviendas, pero actualmente muchas propiedades están desocupadas o deterioradas.
Representantes de la iniciativa privada señalaron que el cierre de la frontera norte de Estados Unidos y la reducción en el envío de remesas han contribuido a una baja en la actividad económica. Comerciantes locales y taxistas reportaron menores ingresos, mientras que prestadores de servicios evalúan nuevas estrategias para enfrentar el contexto actual.
Desde el Congreso, se han propuesto reformas a la Ley de Migración para eliminar la detención de menores, así como una reasignación de recursos a la COMAR y mayor financiamiento a organizaciones civiles.
