Héctor Estrada
Aún cuando lo oleada migratoria hacía la frontera entre Chiapas y Guatemala no ha menguado y la tragedia de migrantes sigue siendo parte del triste saldo recurrente, para el mes de diciembre la frontera sur de México podría recibir un nuevo repunte sustancial del flujo migratorio como resultado del cambio en las medidas legales de deportación especial dentro de los Estados Unidos.
Se trata de la sentencia de un juez federal, aplicada la semana pasada, que dejará sin efectos al conocido “Título 42” de deportaciones. La medida, aplicada desde 2020 por el entonces presidente Donald Trump, legalizó la deportación exprés de personas sin ninguna garantía, utilizando como pretexto el estado de excepción generado por la pandemia de Covid-19.
La resolución judicial del martes pasado no solo tumba una de las últimas barreras impuestas por el expresidente Donald Trump a la inmigración, sino que supone un reto para el Gobierno de Joe Biden en medio de detenciones récord de indocumentados en la frontera con México. Y es que, sólo en octubre hubo 230,000 arrestos en la frontera con México, con más de 78,400 expulsiones del territorio estadounidense.
A decir de Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), los cambios en los procesos de deportación significan además la posibilidad de asilo para migrantes que se habían mantenido varados a la espera de nuevas condiciones. Pero también, se convierten en un aliciente para quienes aún no habían emprendido el viaje hacía la unión americana.
“Retirar el Título 42 sin duda incrementará la migración porque hay que recordar que, por una cuestión cultural y según las propias estadísticas, los migrantes de todas las nacionalidades usan el mes de diciembre para migrar a la frontera norte. De hecho, desde finales de la semana pasada ya se comenzó a registrar un aumento en la llegada de migrantes a ciudades como Tapachula”, señaló Villagrán.
La mayor expectativa surge entre venezolanos, que desde octubre afrontaban la deportación inmediata por la expansión del Título 42 implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para controlar la inmigración desde Venezuela. Algo similar sucede con migrantes varados de Ecuador, El Salvador, Colombia y República Dominicana, que se encuentran en circunstancias similares en la frontera sur.
Sin embargo, el aumento de migrantes también ha encendido las alertas entre las organizaciones defensoras de derechos humanos por la mayor presencia de bandas delictivas dedicadas al tráfico de personas. Y es que, apenas el fin de semana más de 300 personas fueron encontradas abandonadas en las zonas montañosas de Tecpatán; además del naufragio de nueve personas frente a las costas de Tonalá en el que una niña perdió la vida.
El tráfico de personas transcurre de manera silenciosa, con muy poca investigación de inteligencia policial para desarticular las redes o detener a las verdaderas cabecillas, y que sólo se hace visible cuando las tragedias llegan. Hoy, lamentablemente, lucrar con la necesidad humana se ha vuelto un negocio cada vez más redituable en estados como Chiapas donde la migración crece sin detenerse y las políticas migratorias están rebasadas… así las cosas.