Manuel Ruiseñor Liévano
Con la renuncia del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero (aprobada ayer por el Senado de la República con 74 votos a favor y 22 en contra) y con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de terminar mediante reforma constitucional con la autonomía de ese órgano del Estado, se estaría acabando en este país una etapa de investigación y persecución de los delitos federales, pero también de la defensa de la legalidad y la promoción del Estado de derecho. Ya no se diga de la prevención del crimen y la protección de los derechos de las víctimas.
Todo apunta a que se estaría despojando a la Fiscalía General de la República y a sus pares en las entidades federativas, no sólo de su autonomía sino de su personalidad jurídica y patrimonio propios, ajenos al poder Ejecutivo.
Como se recordará, la reforma constitucional puesta en marcha en 2014 les hubo conferido tales atributos, en lo que en su momento fue considerado como una ampliación de sus capacidades institucionales, así como una acción fortalecedora del estado de Derecho.
La intención en aquel entonces fue dotar a la Fiscalía de independencia, para que pudiera cumplir sus funciones con autonomía del Ejecutivo. Todo esto en el marco de una reforma que incluyó cambiar el proceso de designación de sus titulares, en lo cual el Senado de la República adquirió un rol fundamental.
Otra medida dispuesta por la reforma del 2014, fue la extensión del periodo en el cargo de los fiscales, para que fuesen transexenales; esto es, que duraran más allá del término del mandatario en turno y no estuviesen sujetos al vaivén de los cambios políticos.
Hoy las condiciones son diferentes. La mayoría legislativa del oficialismo hace que la nueva iniciativa presidencial pueda transitar sin mayor obstáculo y sin necesidad de acuerdos o concesiones a la oposición.
Así, tenemos que con la aprobación de,la nueva Reforma, ahora el Fiscal volverá a depender del Ejecutivo. Y no sólo eso, sino que la inciciativa hará que en las entidades federativas, los gobernadores también puedan nombrar sus respectivos fiscales.
El cambio cualitativo propuesto —señalan especialistas en la materia— significaría un retroceso a la época en cual los ejecutivos federal y de los estados en turno, podían designar directamente a su fiscal de modo discrecional. Además de que también le permitía relevarlo de sus funciones, como a cualquier otro empleado de gobierno bajo su autoridad.
Como se recordará, en esas condiciones el procurador solía estar fuertemente vinculado al mandatario o a un partido, y en muchos casos actuaba en acuerdo con la agenda política del momento.
En este escenario del gobierno de la Cuarta Transformación, acaba de darse la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien de modo provisional le ha tomado la estafeta Ernestina Godoy. Una cuestión que merece particular análisis dadas implicaciones que entraña en lo que bien puede ser considerado como un golpe de timón y un reforzamiento del control del poder Ejecutivo, por parte de la primera mujer presidente de la República en la historia de México.
Ante la inminente presentación de,la reforma, ha trascendido que Morena argumenta ahora que esa “autonomía” se ha convertido en un lastre para la procuración de justicia, dado a que algunos fiscales, muy ligados a gobiernos de oposición, juegan en contra de los nuevos gobiernos y frustran el combate a las redes de corrupción. Acaso sólo miran la paja en el ojo ajeno y no voltean a ver a las fiscalías de gobiernos como los de Morelos, Veracruz ó Tamaulipas.
Aquí no se puede omitir subrayar que el oficialismo está al frente la mayoría de las 32 gubernaturas. De ahí que ese argumento, a nuestro,parecer, sea como un castillo de naipes contra el viento.
No obstante, hay divergencia de opiniones sobre el tema, porque algunos destacados personajes del derecho, coinciden en señalar que es muy poco el orden de cosas que ha cambiado desde que se confirió la autonomía a las fiscalías. En sus decires sostiene que la investigación y persecución de los delitos sigue entrampada en los ministerios públicos, muy pocos casos llegan a los jueces y la impunidad continúa en niveles exorbitantes.
Con fiscales independientes o no, aducen, los ciudadanos quedan como el eterno eslabón débil en la cadena de la procuración de justicia. Sostiene Ana Laura Magaloni en entrevista concedida al diario español El País, que “no es que la autonomía les haya dado a los ciudadanos la sensación de estar más protegidos, de que tienen acceso a la justicia. Yo no creo que [la reforma de Sheinbaum] sea una pérdida, porque no creo que ganáramos mucho con la autonomía”, sostuvo.
La cuestión es que hoy día existe ya un borrador de la iniciativa, elaborado por la Consejería Jurídica del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien, ha trascendido, persigue que la reforma se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso. En el mismo diario se apunta que, de acuerdo con las fuentes consultadas, está previsto un artículo transitorio que permitirá a los actuales fiscales concluir su periodo en el cargo; sin embargo, sus relevos serán nombrados acorde a los nuevos términos, por los propios mandatarios. Estaremos atentos porque al menos Gertz Manero, el fiscal del ex presidente López Obrador y del primer año de la presidenta Sheinbaum, ya no llegó a la nueva etapa de las fiscalías “de confianza”.
