* Organizaciones civiles señalan que fuerzas de seguridad y autoridades estatales habrían intervenido en el despojo y desplazamiento de familias indígenas en el poblado Belén, perteneciente al Caracol de Dolores Hidalgo, en Ocosingo
Redacción / Alfaro Noticias
Colectivos y organizaciones civiles denunciaron la participación de fuerzas de seguridad estatales y municipales en los hechos de violencia registrados en el poblado Belén, ubicado en el corazón del Caracol 8 Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo. Aseguran que durante los últimos meses se han cometido actos de hostigamiento, quema de viviendas y desplazamiento forzado contra bases de apoyo zapatistas y campesinos indígenas no zapatistas.
De acuerdo con el pronunciamiento leído el sábado 11 de octubre en una movilización realizada en San Cristóbal de Las Casas, las agresiones en Belén “no son un hecho aislado”, sino parte de una estrategia de contrainsurgencia que utiliza instituciones estatales para debilitar el proyecto de autonomía impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los colectivos advirtieron que el conflicto ha sido presentado por las autoridades como un “problema agrario”, con el fin de ocultar su dimensión política y comunitaria.
En el documento, las organizaciones afirmaron que desde abril de este año se han documentado incursiones, destrucción de letreros, mediciones de tierras, robo de cosechas y quema de casas, acciones en las que habrían participado policías municipales de Ocosingo, elementos del Ejército Mexicano, fuerzas estatales y personal de la Fiscalía General del Estado. Los denunciantes consideraron que esta intervención busca “legalizar el despojo” de tierras recuperadas por los zapatistas en 1994 y “orillar al EZLN a responder por vías que justifiquen una represión mayor”.
Los colectivos recordaron que en 1996 el Estado mexicano realizó una indemnización a quienes fueron reconocidos como propietarios legales de esas tierras, por lo que señalaron como contradictorio que, tres décadas después, el propio Estado intente revertir el control comunitario sobre el territorio. En su pronunciamiento afirmaron que esta ofensiva “forma parte del modelo de despojo de la Cuarta Transformación”, al que acusan de favorecer intereses turísticos y megaproyectos por encima de los derechos colectivos.
“Usan la ley como garrote, emplean el poder judicial y otros cuerpos del Estado para sembrar impunidad y terror”, se lee en el documento, donde además se denuncia que las autoridades pretenden “transformar el territorio recuperado en tierras de finqueros otra vez”, en beneficio del capital privado. Las organizaciones sostuvieron que estas acciones responden a una política más amplia de control territorial y fragmentación de las comunidades indígenas.
En sus exigencias, los firmantes pidieron la restitución inmediata de las tierras a las familias desplazadas, el retiro de todas las fuerzas de seguridad presentes en Belén y la suspensión de las mediciones agrarias. También solicitaron que el Estado mexicano detenga los ataques contra las comunidades zapatistas y respete la integridad física y territorial de las bases de apoyo.
Finalmente, los colectivos expresaron su solidaridad con el movimiento zapatista y reiteraron que el conflicto en Belén “no es local ni circunstancial, sino parte de una estrategia nacional e internacional de despojo y control sobre los pueblos originarios”.
