* Familiares, representantes de la Iglesia católica y defensa legal señalan irregularidades en el proceso y piden que se respete la presunción de inocencia
Redacción / Alfaro Noticias
Familiares y representantes de la Iglesia católica denunciaron la detención arbitraria, incomunicación y presuntos actos de tortura contra cinco personas originarias de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quienes enfrentan procesos penales por delitos que incluyen homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el 22 de enero y, según los denunciantes, durante cinco días no se informó con claridad sobre el paradero de los detenidos.
De acuerdo con los testimonios, Orbey Juárez Juárez fue detenido cuando se dirigía a realizar un trabajo de electricidad, junto con José Julián López Juárez, Orlando de Jesús López Gómez, Juan Diego López Juárez y Fermín López Juárez. Sus familiares sostienen que la aprehensión se realizó con uso excesivo de la fuerza y que los hombres permanecieron incomunicados hasta que fueron ubicados en un penal de San Cristóbal de las Casas.
Juan Pablo Juárez Juárez, hermano de uno de los detenidos, afirmó que durante varios días recibieron información contradictoria sobre su ubicación. También señaló que, al momento de poder verlos, presentaban afectaciones físicas. Las familias aseguran que no pudieron proporcionarles ropa ni medicamentos durante el periodo en que desconocían oficialmente su situación jurídica.
El caso se encuentra dividido en dos causas penales relacionadas con distintos hechos. Representantes eclesiales han advertido posibles inconsistencias en las imputaciones, al señalar que existen acusaciones por eventos ocurridos en fechas y lugares diferentes atribuidos a las mismas personas.
El sacerdote Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social en la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, informó que la Iglesia acompaña a las familias desde una perspectiva de derechos humanos y ha expresado preocupación por la forma en que se realizaron las detenciones. Subrayó la necesidad de que el proceso se conduzca con apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia y sin recurrir a prácticas que vulneren la integridad de los acusados.
Por su parte, la defensa legal indicó que la acusación se sustenta principalmente en testimonios y peritajes, y que, a su juicio, no existen pruebas científicas directas que vinculen de manera concluyente a sus representados con los hechos. Anunció que promoverán recursos para que el caso sea revisado por instancias superiores.
Habitantes de comunidades como Estoraque han firmado documentos en respaldo de los detenidos, a quienes describen como personas con arraigo comunitario y participación en actividades religiosas y sociales.