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Abogado expone agresión y tortura por parte de policías municipales en Huixtla

Abogado expone agresión y tortura por parte de policías municipales en Huixtla
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* Sigue hospitalizado en una clínica privada de Tapachula y su estado de salud ha sido reportado como delicado por familiares y compañeros.

Redacción / Alfaro Noticias

El abogado Pedro Humberto Martínez Esquinca fue presuntamente golpeado y torturado al interior de la cárcel preventiva municipal de Huixtla mientras ejercía su labor como defensor legal. Los hechos ocurrieron el pasado martes 8 de abril en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuando acudió a una diligencia acompañado del abogado Lisandro Roblero.

De acuerdo con testimonios y comunicados de organizaciones de abogados, los elementos municipales detuvieron a Martínez Esquinca tras oponerse al traslado de un detenido, argumentando que la actuación policial pretendía evitar que una actuaria judicial documentara lesiones visibles en el detenido. Posteriormente, los abogados fueron ingresados a las celdas, donde habrían sido golpeados por los uniformados.

Organizaciones del gremio legal aseguran que la agresión fue ordenada por el fiscal del Ministerio Público de Huixtla, José Alberto de la Higuera Quiyono, en coordinación con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Octavio Jiménez Martínez. Testigos refieren que a Martínez Esquinka le exigieron firmar un documento en blanco bajo amenazas, además de impedirle el contacto con familiares y colegas.

El abogado se encuentra actualmente hospitalizado en una clínica privada en Tapachula, donde recibe atención médica especializada debido a las lesiones que presenta. Su estado de salud fue reportado como delicado por familiares y compañeros.

Ante estos hechos, la Asociación de Abogados de Huixtla A.C. y la Barra de Abogados del Estado de Chiapas han expresado su condena pública y exigieron una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales. Asimismo, solicitaron medidas de seguridad para los abogados litigantes de la región, argumentando un clima de vulnerabilidad ante actos de autoridad.

Las organizaciones señalaron que la detención fue arbitraria, ya que no existía una investigación formal, informe homologado ni acta administrativa en contra de los abogados. Exigen que se deslinden responsabilidades y se garantice el ejercicio libre y seguro de la profesión jurídica en el estado.

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