Héctor Estrada
Este 9 de octubre se cumplió un año de la tragedia protagonizada por la Ruta 91 en Tuxtla Gutiérrez, y hasta el momento no existe ningún detenido por los lamentables hechos que dejaron cuatro personas fallecidas, varios heridos con secuelas y familias enteras que viven hoy a la espera de justicia.
Este miércoles, familiares de las víctimas mortales acudieron a la misma esquina del Libramiento Norte, en colonia Los Manguitos, de la capital chiapaneca, donde se registró el fatal accidente. En el lugar colocaron veladoras y una cruz de flores amarillas, para luego permanecer por varios minutos en ese sitio que aún guarda vestigios de esa terrible mañana.
Y es que, el dolor y la indignación por lo sucedido todavía sigues latentes. A decir de los familiares de la profesora María Graciela Guillén Méndez, una de las cuatro víctimas, hasta la fecha no ha habido mayor avance sobre la carpeta de investigación que se mantiene abierta ante la Fiscalía de Distrito Metropolitana.
Aunque la orden de aprehensión contra Gerardo “N”, presunto responsable del accidente, se giró desde el 30 de octubre del año pasado, hasta el momento no se ha dado su detención, por lo que el caso sigue en la absoluta impunidad.
En el mes de abril familiares de las víctimas enviaron un documento a la Comandancia Regional de la Policía de Investigación para pedir que no se deje en el olvido el caso y se agilicen las investigaciones, pero no hubo mayor respuesta. Otro documento más fue enviado en agosto pasado, sin embargo, la nula respuesta fue similar.
Hoy, según las familias de las víctimas, existe temor fundado de que la dilación en los procesos indagatorios y la ejecución de la orden de aprehensión pueda tener de fondo una intención clara para proteger al responsable. Sobre todo, porque, aseguran, se trata de una persona ligada a importantes líderes sindicales y funcionarios de la Secretaría de Salud estatal.
Por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte no hubo medida alguna de apercibimiento o sanción contra el concesionario titular del transporte colectivo involucrado. Luego de (bajo presiones) pagar los gasto médicos y funerarios, el concesionario siguió operando sus unidades sin mayores complicaciones.
No hubo procedimientos especiales para revisar las medidas de seguridad, ni regular los límites de velocidad en las que operan muchas de las rutas del transporte público en Tuxtla Gutiérrez. Solamente se realizó el cierre de la incorporación vial donde ocurrieron los hechos.
Tal y como ha sucedido con otras tragedias transportistas en la capital chiapaneca, las cosas siguieron como si nada, ante la indiferencia y evidente complicidad de las autoridades responsables. Del proyecto, revivido tras la tragedia, sobre la colocación de chips reguladores de velocidad en las unidades del transporte público ya nada se volvió a decir.
Mientras tanto hoy las familias de las cuatro víctimas de la tragedia piden justicia, por lo menos para cumplir con la mínima garantía de detener al principal responsable de lo ocurrido; sin encubrimientos, ni dilaciones sospechosas; por la memoria de Matilde, María Graciela, Juan José y Leider, quienes nunca imaginaron que, tras tomar su transporte público como cada día, esa mañana su vida sería interrumpida por la imprudencia y los excesos de otros… así las cosas.
