* La denunciante sostiene que la Fiscalía no agotó diligencias ni valoró reportes psicológicos sobre las secuelas que, asegura, presenta su hija tras los hechos denunciados
Redacción / Alfaro Noticias
Una madre de familia denunció presuntas irregularidades en la investigación iniciada por la Fiscalía de Menores de Chiapas tras acusar actos de maltrato físico, psicológico y verbal contra su hija de seis años dentro de una institución educativa ubicada en la colonia Santa Elena de Tuxtla Gutiérrez.
Raquel González Sánchez informó que en marzo presentó una denuncia contra la directora del Instituto Finlandia, Paula Romero Ramón, por hechos que, según su versión, habrían afectado la integridad física y emocional de la menor. Sin embargo, aseguró que recientemente fue notificada de la determinación de no ejercicio de la acción penal, al considerar la autoridad que no existían elementos suficientes para acreditar lesiones o afectaciones psicológicas derivadas de los hechos denunciados.
La madre manifestó su desacuerdo con esa resolución y señaló que su hija continúa recibiendo atención psicológica debido a episodios de ansiedad, temor y dificultades de adaptación escolar que, afirmó, comenzaron después de su estancia en dicho plantel. Explicó que solicitó a las autoridades ministeriales tomar en cuenta reportes terapéuticos elaborados por especialistas, con el propósito de que formaran parte de la investigación.
De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido cuando la menor asistía a la institución educativa. La madre sostiene que existieron omisiones en la alimentación de las y los alumnos y que su hija habría sufrido agresiones físicas mientras intentaba proteger a otra menor. Estas acusaciones no han sido confirmadas por las autoridades.
González Sánchez también cuestionó la actuación de la Fiscalía al considerar que no se realizaron diligencias suficientes para esclarecer los hechos. Aseguró que la investigación se limitó a la valoración inicial de la menor y que no se efectuaron entrevistas adicionales con otras personas que, según ella, podían aportar información relevante al caso.
Asimismo, afirmó que ex trabajadoras del plantel y otras familias habrían reportado situaciones similares, por lo que pidió que dichos testimonios sean considerados dentro de cualquier revisión del expediente.
La denunciante indicó que el plantel actualmente se encuentra sin operaciones, aunque sostuvo que el cierre obedeció a decisiones tomadas por padres de familia y a la difusión pública del caso, y no a una medida ordenada por alguna autoridad.
La madre de familia hizo un llamado a las instituciones encargadas de procurar justicia para que revisen la actuación ministerial y garanticen investigaciones exhaustivas cuando existan denuncias relacionadas con posibles afectaciones a niñas, niños y adolescentes.
