
* Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad afirma que el esquema operó entre 2022 y 2024 y que no fue reportado a la autoridad electoral
Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena utilizó la red de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar más de 252 mil pagos identificados como “apoyos sociales” entre 2022 y 2024, mediante un esquema que, según la organización, no fue reportado al Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el reportaje, Morena suscribió un contrato con Finabien para la dispersión de recursos a través de giros nacionales. El convenio habría iniciado el 1 de junio de 2022 y posteriormente fue ampliado hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial.
Documentos citados por MCCI indican que el partido contrató la realización de 252 mil 901 operaciones y pagó 3 millones 520 mil pesos en comisiones por el servicio. La financiera cobraba 12 pesos más IVA por cada transferencia realizada.
La investigación refiere que una auditoría interna de Finabien practicada en 2025 detectó que únicamente se concretaron 140 mil 878 operaciones, por lo que se habría reintegrado a Morena alrededor de 1.6 millones de pesos correspondientes a comisiones cobradas por movimientos que finalmente no se efectuaron.
MCCI sostiene que la operación presenta diversas irregularidades. Entre ellas, menciona que el contrato y los pagos asociados no habrían sido reportados en los informes entregados al INE durante el periodo revisado. Asimismo, señala que ni la legislación electoral ni los estatutos internos del partido contemplan la entrega de “apoyos sociales” como una atribución de los institutos políticos.
La organización también afirma que la auditoría identificó observaciones relacionadas con el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Según el reporte, desde 2023 existían recomendaciones para aplicar mecanismos de control y supervisión a las operaciones derivadas del contrato.


